Introducción
El domingo 7 de octubre, los votantes venezolanos decidirán si siguen apoyando al presidente actual, Hugo Chávez, o se decantan por el candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski. Será una elección entre dos programas y dos sistemas sociales situados en las antípodas: Chávez reclama un aumento de la titularidad pública de los medios de producción y de consumo, un incremento del gasto social en programas asistenciales, una mayor participación popular en las instituciones locales, una política exterior independiente basada en una mayor integración latinoamericana, un aumento de la fiscalidad progresiva, la defensa de la sanidad pública y programas educativos gratuitos y la propiedad pública de la producción petrolera. En el otro extremo, Capriles representa a los partidos y a la élite que apoyan la privatización de las empresas públicas, se oponen a la sanidad y a los programas educativos y de prestaciones sociales puestos en marcha por el actual gobierno y defienden las políticas neoliberales favorables a ampliar el papel del capital privado, extranjero y local, y su control de la economía. Aunque Capriles afirma ser partidario de lo que él denomina "el modelo brasileño" de "mercados libres y bienestar social", sus seguidores políticos y sociales son y han sido fuertes defensores de los tratados de libre comercio con EE.UU., la restricción del gasto social y una fiscalidad regresiva. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los electores venezolanos tienen en sus manos la posibilidad de realizar una auténtica elección y no solo de tomar una decisión cosmética: los dos candidatos representan clases sociales bien diferenciadas, poseen visiones sociopolíticas divergentes y cuentan con distintos aliados internacionales. Chávez está con América Latina, se opone al imperialismo norteamericano allá donde se manifieste y es un defensor incondicional de la autodeterminación y de la integración latinoamericana. Capriles Radonski está a favor de los tratados de libre comercio con EE.UU., se opone a la integración regional, apoya las intervenciones norteamericanas en Oriente Medio y es un defensor acérrimo de Israel. Durante la campaña electoral, como era previsible, todos los medios de comunicación norteamericanos han estado saturados de propaganda contraria a Chávez y favorable a Capriles, llegando incluso a predecir una "victoria" del protegido de Washington, o al menos un resultado apretado.
Las predicciones propagandísticas de los medios y de los expertos se basan exclusivamente en fragmentos selectivos de encuestas de dudosa fiabilidad y en comentarios vertidos durante la campaña. Pero lo peor de todo es la ausencia absoluta de cualquier tipo de debate serio sobre el legado histórico y los rasgos estructurales que forman el contexto esencial de esta elección trascendental.
Legado histórico
Cuando se produjo la primera victoria electoral de Chávez en 1998, la economía y la sociedad venezolanas llevaban casi un cuarto de siglo cayendo en picado, con corrupción generalizada, inflación galopante, disminución de la riqueza y aumento de la deuda, delincuencia, pobreza y desempleo.
Las protestas masivas que se desarrollaron a finales de los ochenta y comienzos de los noventa culminaron en la masacre de miles de habitantes de los suburbios, un fallido golpe de Estado y una desilusión general con el sistema político bipartidista. Se privatizó la industria petrolera; la riqueza del petróleo hizo medrar a una élite empresarial que iba de compras a la "Quinta Avenida", invertía en apartamentos en Miami, acudía a clínicas privadas para estiramientos faciales e implantes mamarios y enviaba a sus hijos a escuelas exclusivas para asegurar la transmisión intergeneracional del poder y el privilegio. El país era un baluarte del proyecto norteamericano para el Caribe, América Central y del Sur. Venezuela estaba polarizada socialmente pero el poder político era monopolio de dos o tres partidos que competían por el apoyo de las diversas facciones de la élite gobernantey de la embajada norteamericana.
El saqueo económico, la regresión social, el autoritarismo político y la corrupción propiciaron la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y con ella todo un cambio gradual en las política públicas, favorable a la transparencia política y las reformas institucionales, que marcó un giro hacia una mayor equidad social.
El fallido golpe de Estado militar-empresarial de abril de 2002, apoyado por Estados Unidos, y el fracaso del cierre patronal de los directivos petroleros de diciembre 2002 a febrero 2003 (el "paro petrolero") marcaron un hito en la historia política y social de Venezuela. El asalto violento movilizó y radicalizó a millones de trabajadores y habitantes de los suburbios que se echaron a la calle a defender la democracia y que presionaron a Chávez para que "girara hacia la izquierda". La derrota del golpe de Estado y del cierre patronal capitalista (apoyado por EE.UU.) fue la primera de una serie de victorias populares que abrieron la puerta a amplios programas sociales en el ámbito de la salud, la vivienda y las necesidades educativas y alimentarias de millones de venezolanos. Como consecuencia de su participación en el golpe de Estado, la clase dirigente venezolana y norteamericana sufrió pérdidas significativas de personal estratégico en el ejército, la burocracia de los sindicatos y la industria del petróleo.
Capriles fue uno de los líderes del golpe, a la cabeza de una banda de matones que asaltó la embajada cubana, y un colaborador activo del paro petrolero que paralizó temporalmente toda la economía nacional.
Tras el golpe y el paro petrolero se celebró un referéndum, financiado por Estados Unidos, que pretendía la revocatoria de Chávez y tuvo un estrepitoso fracaso. Las derrotas de la derecha reforzaron las tendencias socialistas del gobierno, debilitaron la oposición de las élites y enviaron a los Estados Unidos de misión a Colombia, gobernada por el presidente narcoterrorista Uribe, en busca de un aliado militar para desestabilizar y derrocar al régimen desde el exterior. Aumentó la tensión en la frontera, las bases norteamericanas se multiplicaron hasta siete y los escuadrones de la muerte colombianos cruzaron la frontera. Pero la región al completo cerró filas contra una invasión norteamericana, bien por principios, o bien por miedo a que los conflictos armados pudieran salpicar por encima de las fronteras.
Este legado histórico de los gobiernos autoritarios y los triunfos de Chávez está profundamente grabado en las mentes y las conciencias de todos los venezolanos que se preparan para votar en las elecciones de este domingo. El historial de hostilidad profunda de las élites ante cualquier resultado democrático que favorezca a la mayoría popular y la defensa por parte de las masas de su "presidente socialista" se ven reflejados en la profunda polarización política del electorado y la mutua antipatía u "odio de clase" que se filtra en la cobertura de la campaña electoral. Para las masas, se trata de elegir entre los abusos del pasado y los avances actuales, la movilidad social ascendente y las mejoras materiales en el nivel de vida; en las clases alta y media adinerada reina un gran resentimiento por la pérdida relativa de poder, privilegios, prestigio y preferencias personales. Las pérdidas relativas sufridas por las élites derechistas han alimentado un resentimiento que conlleva peligrosas connotaciones para la democracia en el caso de que perdieran las elecciones y de políticas revanchistas en el caso de que las ganaran.
Configuración institucional
Que la élite derechista no controle el gobierno no quiere decir que carezca de una fuerte base institucional de poder. El 80 por ciento del sector bancario y financiero está en manos privadas, al igual que la mayor parte de la manufactura de servicios y una proporción importante del comercio al por menor y al por mayor. La oposición cuenta asimismo con ciertas simpatías dentro de la burocracia pública, la Guardia Nacional y el ejército, y todos estos funcionarios apoyan de forma activa o pasiva a los grupos políticos derechistas. El núcleo social de la derecha se encuentra en las asociaciones empresariales, financieras y de terratenientes, y la derecha controla aproximadamente una tercera parte de los alcaldes y gobernadores y más del cuarenta por ciento de los diputados nacionales. Las principales multinacionales europeas y norteamericanas del petróleo tienen una cuota minoritaria importante en el sector.
Asimismo, la derecha mantiene el monopolio de los medios impresos y cuenta con una audiencia mayoritaria en radio y televisión, a pesar de los avances gubernamentales. El gobierno, por su parte, ha ganado influencia gracias a la nacionalización de bancos (un 20 por ciento del sector), su cuota de la industria minera y metalúrgica, unas cuantas plantas procesadoras de alimentos y una base de apoyo sustancial en el sector agrícola, que le proporcionan los beneficiarios de la reforma agraria.
El gobierno ha ganado la confianza de los empleados del sector público y los trabajadores de la industria petrolera, de los servicios sociales y del sector de la vivienda y de la asistencia. Parece que goza de un fuerte apoyo en un ejército y una policía constitucionalistas. Asimismo, ha creado medios de comunicación de masas y ha promovido toda una red de emisoras de radio comunitarias.
La mayor parte de los sindicatos y asociaciones de campesinos respaldan al gobierno. Pero su verdadera fuerza se encuentra en las organizaciones comunitarias cuasi-institucionales enraizadas en los extensos asentamientos urbanos y encuadradas en las diferentes "misiones sociales".
Desde el punto de vista del poder monetario, el gobierno cuenta con las sustanciosas ganancias del petróleo para financiar programas de impacto social a corto y medio plazo, contrarrestando eficazmente las influencias del sector privado y de los grupos "de base" que actúan de forma abierta o encubierta financiados por fundaciones norteamericanas, ONG y "agencias de ayuda". En resumen, a pesar de las enormes derrotas políticas del pasado y de décadas de mal gobierno y corrupción, la derecha retiene una base institucional poderosa para disputar los grandes avances socioeconómicos del gobierno de Chávez y organizar una agresiva campaña electoral.
Las dinámicas sociales y la campaña presidencial
La clave para el triunfo en la reelección de Chávez es mantener la atención en los temas socioeconómicos: los programas de sanidad y educación universal, el enorme plan de viviendas públicas puesto en marcha, los supermercados subvencionados por el Estado, la mejora del transporte público en las áreas más densamente pobladas. Cuanto mayor sea la polarización social nacional entre la élite empresarial y las masas, menos probable es que la derecha pueda aprovechar la desafección popular hacia las autoridades locales corruptas e ineficientes. Cuanto mayor sea el nivel de solidaridad social entre los trabajadores asalariados y los informales, menos probable será que la derecha pueda apelar a las aspiraciones de estatus de los trabajadores y empleados que han visto mejorada su situación y han accedido a estilos de vida de clase media, curiosamente durante el periodo de prosperidad inducido por Chávez.
La campaña de Chávez se basa en la promesa de continuidad de la prosperidad social, el mantenimiento de la movilidad social ascendente y de las oportunidades, un llamamiento a mejorar la sensibilidad frente a la igualdad social y la justicia... y cuenta con un sólido 40 por ciento del electorado listo para ir a las barricadas por su Presidente. Capriles atrae a diversos grupos contradictorios: un sólido núcleo del 20 por ciento del electorado, compuesto por las élites bancaria, empresarial y, especialmente, la agraria, junto con sus respectivos empleados, directivos y profesionales, que anhelan un retorno al pasado neoliberal, a una época en que la policía, el ejército y las agencias de inteligencia mantenían a los pobres confinados en sus barrios de chabolas y el tesoro del petróleo fluía hasta sus cofres. El segundo de los grupos que se ven atraídos por Capriles es el de los profesionales y los pequeños empresarios temerosos de la expansión del sector público y de la "ideología socialista" que, sin embargo, deben su prosperidad a los créditos baratos, el aumento de la clientela y el gasto público. Los hijos e hijas de este sector próspero son los "activistas" que ven en la caída del gobierno de Chávez una oportunidad de retomar el poder y el prestigio que pretenden haber tenido antes de la "revuelta de masas". La abierta adhesión de Capriles al neoliberalismo y al golpe militar de 2002 y sus fuertes lazos con la élite empresarial, Washington y sus homólogos derechistas de Colombia y Argentina hacen confiar a la clase media en que su promesa de mantener las misiones sociales de Chávez es pura demagogia por motivos tácticos electorales.
El tercer grupo, con el que Capriles no cuenta pero que le resulta vital para conseguir un resultado respetable, es de la clase media baja y los pobres urbanos de las pequeñas ciudades de provincias. Ante ellos, Capriles se presenta como un seguidor "progresista" de las misiones sociales de Chávez, para poder atacar la ineficiencia y las irregularidades de los funcionarios y administradores locales y la inseguridad pública. La hiperactividad de Capriles, su demagogia populista y sus intentos de explotar el descontento local le aseguran algunos votos de las clases bajas, pero sus relaciones con la clase alta y su largo historial de agresivo apoyo al autoritarismo de derechas ha impedido que las masas se pusieran de su lado.
Por su parte, Chávez esta haciendo hincapié en sus enormes logros sociales, una década espectacular de crecimiento elevado, disminución de las desigualdades (el índice más bajo de América Latina) e índices muy elevados de satisfacción popular con el gobierno. Los fondos para los programas sociales de Chávez han sabido aprovechar un año de recuperación económica tras la recesión mundial (5 % de crecimiento previsto para 2012), precios del petróleo de tres dígitos y un entorno político regional favorable, por lo general, que incluye una tremenda mejora en las relaciones bilaterales con Colombia.
Correlación de fuerzas a escala internacional, regional, nacional y local
El gobierno de Chávez se ha visto enormemente beneficiado por unos precios mundiales muy favorables para su principal producto de exportación: el petróleo. Además, el Estado ha aumentado sus ingresos mediante oportunas expropiaciones y subida de los royalties y de los impuestos, así como de nuevos acuerdos de inversión con capital extranjero alternativo a pesar de la oposición de algunas corporaciones multinacionales norteamericanas.
Washington, involucrado hasta los huesos en los conflictos que mantiene en los países musulmanes ricos en petróleo, no se encuentra en posición de organizar ningún boicot contra Venezuela, uno de sus principales y más fiables proveedores. Su última iniciativa importante para propiciar un "cambio de régimen" fue el paro petrolero organizado por los directivos de PDVSA, la compañía venezolana de petróleos, en 2002-2003, que fracasó estrepitosamente y provocó el despido de casi todos los "asesores" norteamericanos y la radicalización de una política nacionalista con el petróleo.
Las iniciativas del gobierno norteamericano para aislar internacionalmente al régimen de Chávez no han rendido frutos; Rusia y China han aumentado su comercio y sus inversiones, al igual que otra docena de países europeos, de Oriente Medio y Asia. La recesión que sufre la Unión Europea y la desaceleración de la economía norteamericana y mundial no son un buen caldo de cultivo para los sentimientos favorables a cualquier tipo de restricción de los lazos económicos con Venezuela.
Especial importancia ha tenido la llegada al poder de regímenes de centro-izquierda en Sudamérica, el Caribe y América Central, favorables al aumento de los lazos económicos y diplomáticos con Venezuela y a una mayor integración regional. Por el contrario, el respaldo de la administración Obama a los golpes de Estado de Honduras y Paraguay, así como las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio promovidos por Washington han perdido el apoyo en la región. En resumen: la correlación de fuerzas internacional y regional ha sido muy favorable al gobierno de Chávez y la influencia dominante de Washington ha declinado.
Colombia, uno de los últimos baluartes de las iniciativas norteamericanas para derrocar a Chávez, ha dado un giro repentino a su política hacia Venezuela. Tras el cambio de régimen, del presidente Uribe al presidente Santos, Colombia ha firmado acuerdos de comercio y de inversiones con Venezuela por valor de miles de millones de dólares, así como alianzas diplomáticas y militares, alcanzando una especie de "coexistencia pacífica". A pesar del reciente tratado de libre comercio firmado con EE.UU. y del mantenimiento de las bases norteamericanas en el país, Colombia ha rechazado (al menos en la presente coyuntura) participar conjuntamente en cualquier intervención militar o política auspiciada por Estados Unidos o en cualquier campaña de desestabilización.
La influencia política norteamericana en Venezuela se basa fundamentalmente en la canalización de recursos financieros y el asesoramiento de sus clientes electorales. A causa de la disminución de aliados regionales externos y la pérdida de influencia en el ejército venezolano y las fuerzas paramilitares colombianas, Washington se ha centrado ahora en sus clientes electorales. Mediante importantes transferencias financieras, ha conseguido imponer un candidato único entre grupos opositores bien dispares, fabricando una ideología de "centrismo" moderado para camuflar las tendencias neoliberales de extrema derecha de Capriles, al tiempo que contrataba a cientos de agitadores y organizadores "comunitarios" para explotar la sustancial brecha que separa las promesas programáticas de Chávez de la aplicación incompetente e ineficiente de dichas políticas que realizan los funcionarios locales.
La debilidad estratégica del gobierno de Chávez se encuentra en el ámbito de lo local, en la incapacidad de los administradores de mantener el suministro de electricidad y de agua corriente. En el ámbito internacional, regional y nacional, la correlación de fuerzas favorece a Chávez. Washington y Capriles intentan compensar la fuerza regional de Chávez atacando sus programas regionales de asistencia, afirmando que está desviando recursos al extranjero en lugar de atender los problemas de casa. Pero Chávez ha asignado enormes recursos a infraestructuras y gasto social; el problema no es el envío de fondos al exterior, sino la mala administración de los funcionarios chavistas locales, muchos de ellos acostumbrados al clientelismo de personalidades y partidos del pasado. En cuanto al aumento de la delincuencia y la escasa imposición de la ley, le costarían a Chávez algo más que unos cuantos votos si no fuera porque los mismos índices de criminalidad están presentes en el estado de Miranda, donde Capriles ha gobernado los últimos cuatro años.
El resultado electoral
A pesar de las enormes mejoras que ha aportado el gobierno de Chávez a las clases bajas y el sólido apoyo con que cuenta entre los pobres, la emergente clase media producto de la era Chávez tiene expectativas de un mayor consumo y una menor delincuencia e inseguridad; intentan distanciarse de los pobres y aproximarse a los más acomodados: sus ojos miran hacia arriba y no hacia abajo. El entusiasmo, tras doce años en el poder, se ha debilitado pero el temor de las masas a una reversión neoliberal pone límites al electorado potencial que Capriles pueda atraer. A pesar de la delincuencia y de la ineficacia y corrupción de los funcionarios, la era Chávez ha sido un periodo extremadamente favorable para la clase baja y los sectores empresarial, comercial y financiero. Y este año, 2012, no es ninguna excepción. Según datos de la ONU, el índice de crecimiento de Venezuela (5 %) es superior al de Argentina (2 %), Brasil (1,5 %) y México (4 %). El consumo privado ha sido el principal promotor del crecimiento gracias al incremento de los mercados de trabajo, del crédito y de la inversión pública. La inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo a algunos sectores empresariales, no votarán contra un gobierno en ejercicio que ha generado una de las recuperaciones económicas más rápidas del hemisferio. El pasado derechista radical de Capriles y su actual proyecto encubierto podría generar conflictos de clase, inestabilidad política, deterioro económico y un clima desfavorable para los inversores internacionales.
Probablemente Washington no favorecería un golpe de Estado o una campaña de desestabilización tras las elecciones si Capriles pierde por un margen significativo. La popularidad de Chávez, las leyes sobre prestaciones sociales, las ganancias materiales y el crecimiento dinámico de este año le aseguran una victoria por un margen de 10 puntos. Chávez conseguirá el 55 % de los votos y Capriles el 45 %. Washington y sus acólitos derechistas planean consolidar su organización y prepararse para las elecciones al Congreso del próximo diciembre. La idea es ir "ocupando las instituciones" con el fin de paralizar las iniciativas del ejecutivo y frustrar el intento de Chávez de seguir adelante con una economía socializada. El talón de Aquiles del gobierno se encuentra precisamente en el ámbito local y estatal. Los funcionarios incompetentes y corruptos deberían ser sustituidos por dirigentes locales eficientes y controlados por la comunidad, capaces de poner en marcha los programas inmensamente populares de Chávez. Y Chávez debería prestar mucha más atención a la política y la administración local para poder igualar allí sus éxitos en política exterior. El hecho de que la derecha sea capaz de juntar medio millón de manifestantes en Caracas no se basa en el atractivo ideológico de un pasado ruinoso y golpista, sino en su habilidad para sacar partido de las quejas crónicas de carácter local que no han sido solucionadas: delincuencia, corrupción, apagones y cortes de agua.
En la elección de octubre 2012 no solo está en juego el bienestar del pueblo venezolano sino el futuro de la integración y la independencia latinoamericana y la prosperidad de millones de personas que dependen de la ayuda y la solidaridad de Venezuela.
Una victoria de Chávez proporcionará una plataforma para la rectificación de un proyecto social básicamente progresivo y la continuación de una política exterior antiimperialista. Su derrota proporcionaría a Obama –o a Romney- un trampolín para relanzar los programas neoliberales y militaristas existentes antes de la era Chávez, durante la infame década Clinton (los noventa) de expolio, saqueo, privatizaciones y pobreza.
El domingo 7 de octubre, los votantes venezolanos decidirán si siguen apoyando al presidente actual, Hugo Chávez, o se decantan por el candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski. Será una elección entre dos programas y dos sistemas sociales situados en las antípodas: Chávez reclama un aumento de la titularidad pública de los medios de producción y de consumo, un incremento del gasto social en programas asistenciales, una mayor participación popular en las instituciones locales, una política exterior independiente basada en una mayor integración latinoamericana, un aumento de la fiscalidad progresiva, la defensa de la sanidad pública y programas educativos gratuitos y la propiedad pública de la producción petrolera. En el otro extremo, Capriles representa a los partidos y a la élite que apoyan la privatización de las empresas públicas, se oponen a la sanidad y a los programas educativos y de prestaciones sociales puestos en marcha por el actual gobierno y defienden las políticas neoliberales favorables a ampliar el papel del capital privado, extranjero y local, y su control de la economía. Aunque Capriles afirma ser partidario de lo que él denomina "el modelo brasileño" de "mercados libres y bienestar social", sus seguidores políticos y sociales son y han sido fuertes defensores de los tratados de libre comercio con EE.UU., la restricción del gasto social y una fiscalidad regresiva. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los electores venezolanos tienen en sus manos la posibilidad de realizar una auténtica elección y no solo de tomar una decisión cosmética: los dos candidatos representan clases sociales bien diferenciadas, poseen visiones sociopolíticas divergentes y cuentan con distintos aliados internacionales. Chávez está con América Latina, se opone al imperialismo norteamericano allá donde se manifieste y es un defensor incondicional de la autodeterminación y de la integración latinoamericana. Capriles Radonski está a favor de los tratados de libre comercio con EE.UU., se opone a la integración regional, apoya las intervenciones norteamericanas en Oriente Medio y es un defensor acérrimo de Israel. Durante la campaña electoral, como era previsible, todos los medios de comunicación norteamericanos han estado saturados de propaganda contraria a Chávez y favorable a Capriles, llegando incluso a predecir una "victoria" del protegido de Washington, o al menos un resultado apretado.
Las predicciones propagandísticas de los medios y de los expertos se basan exclusivamente en fragmentos selectivos de encuestas de dudosa fiabilidad y en comentarios vertidos durante la campaña. Pero lo peor de todo es la ausencia absoluta de cualquier tipo de debate serio sobre el legado histórico y los rasgos estructurales que forman el contexto esencial de esta elección trascendental.
Legado histórico
Cuando se produjo la primera victoria electoral de Chávez en 1998, la economía y la sociedad venezolanas llevaban casi un cuarto de siglo cayendo en picado, con corrupción generalizada, inflación galopante, disminución de la riqueza y aumento de la deuda, delincuencia, pobreza y desempleo.
Las protestas masivas que se desarrollaron a finales de los ochenta y comienzos de los noventa culminaron en la masacre de miles de habitantes de los suburbios, un fallido golpe de Estado y una desilusión general con el sistema político bipartidista. Se privatizó la industria petrolera; la riqueza del petróleo hizo medrar a una élite empresarial que iba de compras a la "Quinta Avenida", invertía en apartamentos en Miami, acudía a clínicas privadas para estiramientos faciales e implantes mamarios y enviaba a sus hijos a escuelas exclusivas para asegurar la transmisión intergeneracional del poder y el privilegio. El país era un baluarte del proyecto norteamericano para el Caribe, América Central y del Sur. Venezuela estaba polarizada socialmente pero el poder político era monopolio de dos o tres partidos que competían por el apoyo de las diversas facciones de la élite gobernantey de la embajada norteamericana.
El saqueo económico, la regresión social, el autoritarismo político y la corrupción propiciaron la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y con ella todo un cambio gradual en las política públicas, favorable a la transparencia política y las reformas institucionales, que marcó un giro hacia una mayor equidad social.
El fallido golpe de Estado militar-empresarial de abril de 2002, apoyado por Estados Unidos, y el fracaso del cierre patronal de los directivos petroleros de diciembre 2002 a febrero 2003 (el "paro petrolero") marcaron un hito en la historia política y social de Venezuela. El asalto violento movilizó y radicalizó a millones de trabajadores y habitantes de los suburbios que se echaron a la calle a defender la democracia y que presionaron a Chávez para que "girara hacia la izquierda". La derrota del golpe de Estado y del cierre patronal capitalista (apoyado por EE.UU.) fue la primera de una serie de victorias populares que abrieron la puerta a amplios programas sociales en el ámbito de la salud, la vivienda y las necesidades educativas y alimentarias de millones de venezolanos. Como consecuencia de su participación en el golpe de Estado, la clase dirigente venezolana y norteamericana sufrió pérdidas significativas de personal estratégico en el ejército, la burocracia de los sindicatos y la industria del petróleo.
Capriles fue uno de los líderes del golpe, a la cabeza de una banda de matones que asaltó la embajada cubana, y un colaborador activo del paro petrolero que paralizó temporalmente toda la economía nacional.
Tras el golpe y el paro petrolero se celebró un referéndum, financiado por Estados Unidos, que pretendía la revocatoria de Chávez y tuvo un estrepitoso fracaso. Las derrotas de la derecha reforzaron las tendencias socialistas del gobierno, debilitaron la oposición de las élites y enviaron a los Estados Unidos de misión a Colombia, gobernada por el presidente narcoterrorista Uribe, en busca de un aliado militar para desestabilizar y derrocar al régimen desde el exterior. Aumentó la tensión en la frontera, las bases norteamericanas se multiplicaron hasta siete y los escuadrones de la muerte colombianos cruzaron la frontera. Pero la región al completo cerró filas contra una invasión norteamericana, bien por principios, o bien por miedo a que los conflictos armados pudieran salpicar por encima de las fronteras.
Este legado histórico de los gobiernos autoritarios y los triunfos de Chávez está profundamente grabado en las mentes y las conciencias de todos los venezolanos que se preparan para votar en las elecciones de este domingo. El historial de hostilidad profunda de las élites ante cualquier resultado democrático que favorezca a la mayoría popular y la defensa por parte de las masas de su "presidente socialista" se ven reflejados en la profunda polarización política del electorado y la mutua antipatía u "odio de clase" que se filtra en la cobertura de la campaña electoral. Para las masas, se trata de elegir entre los abusos del pasado y los avances actuales, la movilidad social ascendente y las mejoras materiales en el nivel de vida; en las clases alta y media adinerada reina un gran resentimiento por la pérdida relativa de poder, privilegios, prestigio y preferencias personales. Las pérdidas relativas sufridas por las élites derechistas han alimentado un resentimiento que conlleva peligrosas connotaciones para la democracia en el caso de que perdieran las elecciones y de políticas revanchistas en el caso de que las ganaran.
Configuración institucional
Que la élite derechista no controle el gobierno no quiere decir que carezca de una fuerte base institucional de poder. El 80 por ciento del sector bancario y financiero está en manos privadas, al igual que la mayor parte de la manufactura de servicios y una proporción importante del comercio al por menor y al por mayor. La oposición cuenta asimismo con ciertas simpatías dentro de la burocracia pública, la Guardia Nacional y el ejército, y todos estos funcionarios apoyan de forma activa o pasiva a los grupos políticos derechistas. El núcleo social de la derecha se encuentra en las asociaciones empresariales, financieras y de terratenientes, y la derecha controla aproximadamente una tercera parte de los alcaldes y gobernadores y más del cuarenta por ciento de los diputados nacionales. Las principales multinacionales europeas y norteamericanas del petróleo tienen una cuota minoritaria importante en el sector.
Asimismo, la derecha mantiene el monopolio de los medios impresos y cuenta con una audiencia mayoritaria en radio y televisión, a pesar de los avances gubernamentales. El gobierno, por su parte, ha ganado influencia gracias a la nacionalización de bancos (un 20 por ciento del sector), su cuota de la industria minera y metalúrgica, unas cuantas plantas procesadoras de alimentos y una base de apoyo sustancial en el sector agrícola, que le proporcionan los beneficiarios de la reforma agraria.
El gobierno ha ganado la confianza de los empleados del sector público y los trabajadores de la industria petrolera, de los servicios sociales y del sector de la vivienda y de la asistencia. Parece que goza de un fuerte apoyo en un ejército y una policía constitucionalistas. Asimismo, ha creado medios de comunicación de masas y ha promovido toda una red de emisoras de radio comunitarias.
La mayor parte de los sindicatos y asociaciones de campesinos respaldan al gobierno. Pero su verdadera fuerza se encuentra en las organizaciones comunitarias cuasi-institucionales enraizadas en los extensos asentamientos urbanos y encuadradas en las diferentes "misiones sociales".
Desde el punto de vista del poder monetario, el gobierno cuenta con las sustanciosas ganancias del petróleo para financiar programas de impacto social a corto y medio plazo, contrarrestando eficazmente las influencias del sector privado y de los grupos "de base" que actúan de forma abierta o encubierta financiados por fundaciones norteamericanas, ONG y "agencias de ayuda". En resumen, a pesar de las enormes derrotas políticas del pasado y de décadas de mal gobierno y corrupción, la derecha retiene una base institucional poderosa para disputar los grandes avances socioeconómicos del gobierno de Chávez y organizar una agresiva campaña electoral.
Las dinámicas sociales y la campaña presidencial
La clave para el triunfo en la reelección de Chávez es mantener la atención en los temas socioeconómicos: los programas de sanidad y educación universal, el enorme plan de viviendas públicas puesto en marcha, los supermercados subvencionados por el Estado, la mejora del transporte público en las áreas más densamente pobladas. Cuanto mayor sea la polarización social nacional entre la élite empresarial y las masas, menos probable es que la derecha pueda aprovechar la desafección popular hacia las autoridades locales corruptas e ineficientes. Cuanto mayor sea el nivel de solidaridad social entre los trabajadores asalariados y los informales, menos probable será que la derecha pueda apelar a las aspiraciones de estatus de los trabajadores y empleados que han visto mejorada su situación y han accedido a estilos de vida de clase media, curiosamente durante el periodo de prosperidad inducido por Chávez.
La campaña de Chávez se basa en la promesa de continuidad de la prosperidad social, el mantenimiento de la movilidad social ascendente y de las oportunidades, un llamamiento a mejorar la sensibilidad frente a la igualdad social y la justicia... y cuenta con un sólido 40 por ciento del electorado listo para ir a las barricadas por su Presidente. Capriles atrae a diversos grupos contradictorios: un sólido núcleo del 20 por ciento del electorado, compuesto por las élites bancaria, empresarial y, especialmente, la agraria, junto con sus respectivos empleados, directivos y profesionales, que anhelan un retorno al pasado neoliberal, a una época en que la policía, el ejército y las agencias de inteligencia mantenían a los pobres confinados en sus barrios de chabolas y el tesoro del petróleo fluía hasta sus cofres. El segundo de los grupos que se ven atraídos por Capriles es el de los profesionales y los pequeños empresarios temerosos de la expansión del sector público y de la "ideología socialista" que, sin embargo, deben su prosperidad a los créditos baratos, el aumento de la clientela y el gasto público. Los hijos e hijas de este sector próspero son los "activistas" que ven en la caída del gobierno de Chávez una oportunidad de retomar el poder y el prestigio que pretenden haber tenido antes de la "revuelta de masas". La abierta adhesión de Capriles al neoliberalismo y al golpe militar de 2002 y sus fuertes lazos con la élite empresarial, Washington y sus homólogos derechistas de Colombia y Argentina hacen confiar a la clase media en que su promesa de mantener las misiones sociales de Chávez es pura demagogia por motivos tácticos electorales.
El tercer grupo, con el que Capriles no cuenta pero que le resulta vital para conseguir un resultado respetable, es de la clase media baja y los pobres urbanos de las pequeñas ciudades de provincias. Ante ellos, Capriles se presenta como un seguidor "progresista" de las misiones sociales de Chávez, para poder atacar la ineficiencia y las irregularidades de los funcionarios y administradores locales y la inseguridad pública. La hiperactividad de Capriles, su demagogia populista y sus intentos de explotar el descontento local le aseguran algunos votos de las clases bajas, pero sus relaciones con la clase alta y su largo historial de agresivo apoyo al autoritarismo de derechas ha impedido que las masas se pusieran de su lado.
Por su parte, Chávez esta haciendo hincapié en sus enormes logros sociales, una década espectacular de crecimiento elevado, disminución de las desigualdades (el índice más bajo de América Latina) e índices muy elevados de satisfacción popular con el gobierno. Los fondos para los programas sociales de Chávez han sabido aprovechar un año de recuperación económica tras la recesión mundial (5 % de crecimiento previsto para 2012), precios del petróleo de tres dígitos y un entorno político regional favorable, por lo general, que incluye una tremenda mejora en las relaciones bilaterales con Colombia.
Correlación de fuerzas a escala internacional, regional, nacional y local
El gobierno de Chávez se ha visto enormemente beneficiado por unos precios mundiales muy favorables para su principal producto de exportación: el petróleo. Además, el Estado ha aumentado sus ingresos mediante oportunas expropiaciones y subida de los royalties y de los impuestos, así como de nuevos acuerdos de inversión con capital extranjero alternativo a pesar de la oposición de algunas corporaciones multinacionales norteamericanas.
Washington, involucrado hasta los huesos en los conflictos que mantiene en los países musulmanes ricos en petróleo, no se encuentra en posición de organizar ningún boicot contra Venezuela, uno de sus principales y más fiables proveedores. Su última iniciativa importante para propiciar un "cambio de régimen" fue el paro petrolero organizado por los directivos de PDVSA, la compañía venezolana de petróleos, en 2002-2003, que fracasó estrepitosamente y provocó el despido de casi todos los "asesores" norteamericanos y la radicalización de una política nacionalista con el petróleo.
Las iniciativas del gobierno norteamericano para aislar internacionalmente al régimen de Chávez no han rendido frutos; Rusia y China han aumentado su comercio y sus inversiones, al igual que otra docena de países europeos, de Oriente Medio y Asia. La recesión que sufre la Unión Europea y la desaceleración de la economía norteamericana y mundial no son un buen caldo de cultivo para los sentimientos favorables a cualquier tipo de restricción de los lazos económicos con Venezuela.
Especial importancia ha tenido la llegada al poder de regímenes de centro-izquierda en Sudamérica, el Caribe y América Central, favorables al aumento de los lazos económicos y diplomáticos con Venezuela y a una mayor integración regional. Por el contrario, el respaldo de la administración Obama a los golpes de Estado de Honduras y Paraguay, así como las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio promovidos por Washington han perdido el apoyo en la región. En resumen: la correlación de fuerzas internacional y regional ha sido muy favorable al gobierno de Chávez y la influencia dominante de Washington ha declinado.
Colombia, uno de los últimos baluartes de las iniciativas norteamericanas para derrocar a Chávez, ha dado un giro repentino a su política hacia Venezuela. Tras el cambio de régimen, del presidente Uribe al presidente Santos, Colombia ha firmado acuerdos de comercio y de inversiones con Venezuela por valor de miles de millones de dólares, así como alianzas diplomáticas y militares, alcanzando una especie de "coexistencia pacífica". A pesar del reciente tratado de libre comercio firmado con EE.UU. y del mantenimiento de las bases norteamericanas en el país, Colombia ha rechazado (al menos en la presente coyuntura) participar conjuntamente en cualquier intervención militar o política auspiciada por Estados Unidos o en cualquier campaña de desestabilización.
La influencia política norteamericana en Venezuela se basa fundamentalmente en la canalización de recursos financieros y el asesoramiento de sus clientes electorales. A causa de la disminución de aliados regionales externos y la pérdida de influencia en el ejército venezolano y las fuerzas paramilitares colombianas, Washington se ha centrado ahora en sus clientes electorales. Mediante importantes transferencias financieras, ha conseguido imponer un candidato único entre grupos opositores bien dispares, fabricando una ideología de "centrismo" moderado para camuflar las tendencias neoliberales de extrema derecha de Capriles, al tiempo que contrataba a cientos de agitadores y organizadores "comunitarios" para explotar la sustancial brecha que separa las promesas programáticas de Chávez de la aplicación incompetente e ineficiente de dichas políticas que realizan los funcionarios locales.
La debilidad estratégica del gobierno de Chávez se encuentra en el ámbito de lo local, en la incapacidad de los administradores de mantener el suministro de electricidad y de agua corriente. En el ámbito internacional, regional y nacional, la correlación de fuerzas favorece a Chávez. Washington y Capriles intentan compensar la fuerza regional de Chávez atacando sus programas regionales de asistencia, afirmando que está desviando recursos al extranjero en lugar de atender los problemas de casa. Pero Chávez ha asignado enormes recursos a infraestructuras y gasto social; el problema no es el envío de fondos al exterior, sino la mala administración de los funcionarios chavistas locales, muchos de ellos acostumbrados al clientelismo de personalidades y partidos del pasado. En cuanto al aumento de la delincuencia y la escasa imposición de la ley, le costarían a Chávez algo más que unos cuantos votos si no fuera porque los mismos índices de criminalidad están presentes en el estado de Miranda, donde Capriles ha gobernado los últimos cuatro años.
El resultado electoral
A pesar de las enormes mejoras que ha aportado el gobierno de Chávez a las clases bajas y el sólido apoyo con que cuenta entre los pobres, la emergente clase media producto de la era Chávez tiene expectativas de un mayor consumo y una menor delincuencia e inseguridad; intentan distanciarse de los pobres y aproximarse a los más acomodados: sus ojos miran hacia arriba y no hacia abajo. El entusiasmo, tras doce años en el poder, se ha debilitado pero el temor de las masas a una reversión neoliberal pone límites al electorado potencial que Capriles pueda atraer. A pesar de la delincuencia y de la ineficacia y corrupción de los funcionarios, la era Chávez ha sido un periodo extremadamente favorable para la clase baja y los sectores empresarial, comercial y financiero. Y este año, 2012, no es ninguna excepción. Según datos de la ONU, el índice de crecimiento de Venezuela (5 %) es superior al de Argentina (2 %), Brasil (1,5 %) y México (4 %). El consumo privado ha sido el principal promotor del crecimiento gracias al incremento de los mercados de trabajo, del crédito y de la inversión pública. La inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo a algunos sectores empresariales, no votarán contra un gobierno en ejercicio que ha generado una de las recuperaciones económicas más rápidas del hemisferio. El pasado derechista radical de Capriles y su actual proyecto encubierto podría generar conflictos de clase, inestabilidad política, deterioro económico y un clima desfavorable para los inversores internacionales.
Probablemente Washington no favorecería un golpe de Estado o una campaña de desestabilización tras las elecciones si Capriles pierde por un margen significativo. La popularidad de Chávez, las leyes sobre prestaciones sociales, las ganancias materiales y el crecimiento dinámico de este año le aseguran una victoria por un margen de 10 puntos. Chávez conseguirá el 55 % de los votos y Capriles el 45 %. Washington y sus acólitos derechistas planean consolidar su organización y prepararse para las elecciones al Congreso del próximo diciembre. La idea es ir "ocupando las instituciones" con el fin de paralizar las iniciativas del ejecutivo y frustrar el intento de Chávez de seguir adelante con una economía socializada. El talón de Aquiles del gobierno se encuentra precisamente en el ámbito local y estatal. Los funcionarios incompetentes y corruptos deberían ser sustituidos por dirigentes locales eficientes y controlados por la comunidad, capaces de poner en marcha los programas inmensamente populares de Chávez. Y Chávez debería prestar mucha más atención a la política y la administración local para poder igualar allí sus éxitos en política exterior. El hecho de que la derecha sea capaz de juntar medio millón de manifestantes en Caracas no se basa en el atractivo ideológico de un pasado ruinoso y golpista, sino en su habilidad para sacar partido de las quejas crónicas de carácter local que no han sido solucionadas: delincuencia, corrupción, apagones y cortes de agua.
En la elección de octubre 2012 no solo está en juego el bienestar del pueblo venezolano sino el futuro de la integración y la independencia latinoamericana y la prosperidad de millones de personas que dependen de la ayuda y la solidaridad de Venezuela.
Una victoria de Chávez proporcionará una plataforma para la rectificación de un proyecto social básicamente progresivo y la continuación de una política exterior antiimperialista. Su derrota proporcionaría a Obama –o a Romney- un trampolín para relanzar los programas neoliberales y militaristas existentes antes de la era Chávez, durante la infame década Clinton (los noventa) de expolio, saqueo, privatizaciones y pobreza.
Hemos publicado este artículo gracias a Rebelión el cual lo publica con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
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