Tras concluir el primer ciclo en 2013 de los diálogos de paz para Colombia, comienza hoy la cuenta regresiva para su reinicio el 31 de enero, en un proceso encaminado a finalizar un conflicto armado de más medio siglo.
Los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Gobierno de declararon la víspera que las conversaciones marchan a buen paso, y que se ha llegado a puntos de coincidencia, aunque persisten algunas diferencias.
Mediante un comunicado conjunto informaron que aparecen aproximaciones referidas a erradicar la pobreza rural y a lograr una transformación de la realidad del campo.
En ese sentido, las dos partes se refirieron a la necesidad de programas integrales para democratizar el acceso a la tierra.
Esos programas deben ser sostenibles, dar seguridad jurídica a la propiedad y asegurar bienestar al mayor número de campesinos y población rural, indicaron.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede permanente de este diálogo que tiene como garantes a Cuba y Noruega, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, consideró que las pláticas avanzan en un clima de respeto y diálogo amplio.
Asimismo, apuntó que "hay coincidencias en el anhelo de transformar el campo, aunque también subsisten diferencias notables".
Por su parte Iván Márquez, quien encabeza la representación de las FARCP-EP, también valoró de manera positiva el ritmo de avance del proceso, al tiempo que urgió al Gobierno a resolver la problemática de la injusta distribución de la tierra.
La cuestión agraria es la primera de seis puntos fijados por las partes para guiar el diálogo y es considerada fundamental para lograr el establecimiento de la paz, pues constituye la causa principal del inicio del conflicto.
Los otros temas se refieren a la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la mesa. Sobre el tema de la tierra, las FARC-EP anunciaron, al iniciar este ciclo -el tercero desde que se instaló la mesa el 19 de noviembre-, la adopción de una posición preliminar que toma en cuenta las propuestas emitidas por el pueblo colombiano y organizaciones sociales en diversos foros, eventos, y una página web habilitada para ello.
Los detalles de la postura se exponen en el documento Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial, el cual apunta a "resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la tierra".
Los diez puntos fueron dados a conocer paulatinamente en las diferentes jornadas, y entre ellos sobresale la realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, además del mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales.
Durante estas conversaciones, las FARC-EP también pidieron explicaciones al Gobierno a cerca de un proyecto que a juicio de los guerrelleros persiste en la determinación de entregar mayores concesiones a los terratenientes y rentistas.
Al respecto, ellos consideraron que es un contrasentido y de mal augurio que el Gobierno continúe con esa iniciativa, cuando la búsqueda de paz coloca como elemento fundamental la discusión de una política de desarrollo agrario integral nutrida de los criterios de la ciudadanía.
Por su parte, la administración del presidente Juan Manuel Santos consideró que su política agraria es de avanzada, audaz y nueva, y "se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe".
Durante estas nueve jornadas de la primera ronda, que incluyeron dos días de descanso intercalados, salieron a la luz otros temas, como el mecanismo que se utilizará para refrendar los eventuales acuerdos de la mesa de diálogo.
La guerrilla celebró coincidir con el mandatario colombiano en lo referente a la necesidad de una consulta popular para refrendar los acuerdos, pero defendió el valor de una Asamblea Constituyente como única instancia capaz de garantizar legitimidad y seguridad jurídica al proceso de paz.
Otro de los asuntos manejados en estos días fue la reiterada propuesta de las FARC-EP al Gobierno de un cese bilateral de acciones encaminado a rodear con un ambiente tranquilo las conversaciones de paz.
Aunque la administración del presidente Santos se ha mostrado a favor del establecimiento de la paz, considera que un alto el fuego debe ser resultado de los eventuales acuerdos de la mesa de conversaciones en La Habana.
PrensaLatina/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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