Ecuatorianos y ambientalistas protestaron, hace 15 días, freea Gennte a la sede de las Naciones Unidas, como apoyo a la campaña “Mano sucia de Chevron”.
Los gastos en lobby constan en la página web de www.opensecrets.org, organización que se describe como “una guía no partidista que detalla la influencia del dinero en las elecciones de EE.UU. y las políticas públicas”.
Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.
Chevron, que por ese daño ambiental fue demandada por 30 mil afectados de cinco nacionalidades indígenas y campesinas de Sucumbíos y Orellana y condenada -en 2011- a pagar $ 19 mil millones, interpuso una demanda de arbitraje ante una corte de La Haya en 2009, en contra del Estado, así como una demanda contra los afectados en la Corte de Nueva York (EE.UU.), las que están en pleno trámite.
Con esos $ 700 millones gastados en lobby y abogados, sin embargo, si hubiera decidido compensar a las zonas amazónicas afectadas, se hubieran levantado grandes proyectos. Pero, según Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados, la petrolera ha preferido gastar en campañas de desprestigio en contra de los demandantes, del Ecuador y de la justicia. Como parte de esa operación, la multinacional contrató abogados, expertos y empresas de lobby.
En la página web www.opensecrets.org, por ejemplo, se revela que Chevron Corporation ha gastado entre 1998 y 2013 más de $ 100 millones en la contratación de empresas de lobbying (ver infografía), las cuales, a su vez, trabajan con grandes multinacionales, como BMW, Volkswagen AG y Google Inc.
En la lista, sin embargo, no constan los valores que Chevron gastó en acciones de lobby en los años 2003 y 2004.
En los últimos años, el Gobierno ecuatoriano ha efectuado grandes inversiones en beneficio de la Amazonía, pero los $ 100 millones que la transnacional estadounidense gastó exclusivamente en lobby hubieran sido un gran aporte a esas obras o para proyectos sociales de carácter nacional.
Por ejemplo, la inversión pública del actual Gobierno en este año destinada a la Misión Solidaria Manuela Espejo, que beneficia a madres o familiares de 197.435 personas con discapacidad a escala nacional, corresponde a $ 96 millones, lo que significa un monto menor de lo que gastó Chevron en empresas de lobby durante estos 15 años.
De igual manera, esos $ 700 millones hubieran podido ser utilizados para construir 50 ciudades del Milenio más, como la que fue edificada, inaugurada y está en funcionamiento en Shushufindi, cantón ubicado en Sucumbíos, la provincia justamente afectada por la petrolera Texaco-Chevron.
En la obra se invirtieron $ 14’000.000 y cuenta con todos los servicios básicos, que incluye cables eléctricos soterrados, energía alternativa para no afectar el medio ambiente y un plantel educativo con laboratorios de avanzada tecnología, que mejorará la calidad de vida de 860 personas de la parroquia Pañacocha y sus alrededores.
Otra obra significativa es la Universidad Regional Amazónica “Ikiam”, en la parroquia Muyuna, de la provincia amazónica de Napo, que cuenta con laboratorios de investigación, herbarios, museos, conexión a Internet, bibliotecas, centro de sistemas de información geográfica y sistema de soporte personal que cubre atención médica, facilitación de trámites; y residencia para estudiantes y visitantes.
La inversión económica en esa obra será de alrededor de $ 270 millones. Con el valor total en contratación de lobby y abogados por parte de la multinacional petrolera, ($ 700 millones) se podrían financiar la construcción de dos universidades de ese tipo y hasta quedaría un remanente.
Asimismo, ese dinero gastado por Chevron en 15 años podría haber servido para cubrir el presupuesto de tres gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía y beneficiar a los principales afectados de la contaminación: Lago Agrio, Shushufindi y Orellana.
El presupuesto municipal de Shushufindi, en 2010, fue de alrededor de $ 27 millones; el de Lago Agrio, en 2011, fue de $ 68,3 millones y ese mismo año el presupuesto del Cabildo de Francisco de Orellana fue de $ 36’129.313,67.
Según los municipios, estos valores se invirtieron en obra pública, como programas de higiene ambiental, agua potable y alcantarillado, lastrado y asfaltado de calles, obras de electrificación; y edificación o remodelación de subcentros y hospitales locales.
El monto invertido en la contratación de empresas de lobby es mayor a lo destinado en la supuesta remediación de 133 piscinas, las cuales -según una auditoría de la Contraloría General- no se realizaron con las técnicas adecuadas, pues consistieron en tapar las fosas con tierra, cemento, cobertura vegetal, neumáticos y palos. Esto, además, según se desprende de las sentencias emitidas por la Corte Provincial de Sucumbíos en dos instancias (14 de febrero de 2011 y 3 de enero de 2012), se basa en informes técnicos presentados como pruebas. Además dejaron 747 piscinas sin obras de remediación.
Ahorro generó ganancia para Texaco y daño en el ambiente
Chevron-Texaco evitó costos directos al no manipular correctamente los residuos de producción petrolera, lo que le ahorró $ 8,31 mil millones, según Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
Según los estudios, la multinacional usó tecnología obsoleta y mala práctica en procesos de exploración y explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana, durante los 26 años que operó en la región. Para Fajardo, esto constituiría “enriquecimiento injusto” de parte de la multinacional.
Diversos estudios coinciden en que la mala práctica de Texaco consistió en la inadecuada manipulación de residuos de campos petrolíferos. Dicha empresa, durante el proceso de extracción del hidrocarburo, manipuló incorrectamente el agua de producción, los residuos de pozos como lodo y líquidos de perforación y gas de producción.
Datos
El juicio fue presentado en 1993 por los afectados de la Amazonía en la Corte de Nueva York contra Chevron-Texaco, debido a la contaminación causada por el mal tratamiento de los residuos de producción. En 2003 se presentó el caso en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que sentenció a la petrolera a pagar $ 19.000 millones por daños y perjuicios.
Especialmente desde 2011, al conocer la sentencia, Chevron ha llevado una campaña en contra de la justicia ecuatoriana y ha creado falsas evidencias para convencer de que el juicio en Lago Agrio es falso.
El 17 de septiembre pasado el presidente Rafael Correa recorrió el pozo Aguarico 4, en Shushufindi (Sucumbíos), en donde la compañía operó hasta 1992, para demostrar que aún se evidencian los pasivos ambientales de petróleo que jamás fueron remediados.
Chevron presentó, al día siguiente, un boletín de prensa afirmando que el Tribunal de La Haya dictó un fallo parcial a favor de Chevron liberándolo de toda responsabilidad por los daños ambientales en la Amazonía.
Frente a ello, la Procuraduría General del Estado aclaró que el laudo parcial dictado por el Tribunal Arbitral no tenía tal alcance y que no afectaba la sentencia de la justicia ecuatoriana contra la transnacional.
El canciller Ricardo Patiño, en la Asamblea General de la ONU de la semana pasada, denunció la campaña difamatoria de la petrolera contra el Gobierno ecuatoriano, para evadir sus responsabilidades.
La transnacional del petróleo Chevron, cuya base está en Estados Unidos, ha contratado por lo menos a 60 firmas de abogados, alrededor de 180 investigadores y 12 empresas de cabildeo y relaciones públicas. Aquello, con el objetivo de trabajar en una campaña de desprestigio en contra de Ecuador y los indígenas de la Amazonía, para echar abajo el fallo que los obliga a pagar $ 19.000 millones por los daños provocados al medio ambiente y la población de Sucumbíos y Orellana, durante 26 años de explotación petrolera.
En un guión que pareciera hecho para una película, la poderosa corporación contrató, incluso, a personajes que incluyen a un exnarcotraficante para preparar una celada con cámaras diminutas escondidas en relojes y esferográficos, para de esa manera tratar de tenderle una trampa al juez que falló en contra de Chevron.
La operación fue implementada en julio de 2009 por el ecuatoriano Diego Borja, a quien la compañía habría contratado para hacerse pasar como ejecutivo de la petrolera. Borja habría tenido la ayuda de Wayne Hansen, también reclutado por la multinacional, quien registra una condena de 18 meses que cumplió en una cárcel federal acusado de traficar drogas de Colombia hacia EE.UU.
Esos hombres de Chevron, según lo denuncian abogados de los afectados en base a investigaciones, fueron a la oficina de Lago Agrio (Sucumbíos), en donde conversaron casi dos horas con el juez Juan Núñez en su oficina. Una vez obtenido el video de manera subrepticia, lo entregaron a sus jefes de la Chevron.
Ese material fue filtrado a la prensa norteamericana a través de empresas de relaciones públicas, las que dieron el video a varios medios de comunicación de EE.UU. con la intención de probar la supuesta corrupción del juez que en cámaras aceptaba un presunto soborno. Esa estrategia fue para desacreditar a la justicia ecuatoriana y que la prensa del país del norte recoja la versión de la gigante del petróleo.
Esas imágenes fueron entregadas a medios de comunicación, como Dow Jones, AP, Reuters y Bloomberg, así como al New York Times, Financial Times y Los Ángeles Times.
Varios de esos medios escribieron, tras haber revisado las casi 2 horas del video, que el juez jamás discutió nada que tenga que ver con un soborno y menos aceptó alguno.
Ante este revés, la compañía siguió tratando de desarrollar su guión, en 2010 a través de la agencia de investigadores Kroll, para que compre testigos de las zonas afectadas que favorezcan con su testimonio a la transnacional.
LOS PERIODISTAS “INFILTRADOS” A SU SERVICIO
Algunos periodistas ecuatorianos estarían en la lista de colaboradores de la empresa petrolera transnacional. Entre ellos se contarían a editores y jefes de redacción, editorialistas y “free lance” con quienes mantiene un activo contacto, de quienes recibe informes y “asesoramiento” además de hacer contactos con líderes de opinión.
Para ello también ha tomado contacto con reporteros de agencias y periódicos extranjeros, según se desprende de varios informes considerados como secretos.
Entre las personas que intentó contratar Chevron en 2010, a través de Kroll, consta la periodista Mary Cuddehe, por la suma de $ 20.000. La misión que trataron de encomendarle era espiar a los habitantes que habían contraído cáncer y otras enfermedades producto de la contaminación.
La reportera fue registrada en un hotel de lujo en Bogotá y como ella mismo escribió en Atlantic.com, fue al lugar para discutir la oferta de Kroll, que consistía en que vaya de incógnito como periodista espía a la selva ecuatoriana: “Llegué después de que oscureció al hotel (en Bogotá).
El moderno edificio cubierto de cristal estaba localizado en una tranquila calle, no había escuchado sobre Sam, mi contacto de Kroll en días y con el que debería encontrarme, lo cual aumentaba la intriga. ¿Quién era esa gente misteriosa y de qué se trataba este trabajo que no podía ser discutido por teléfono?”, se preguntó la periodista, quien al final rechazó la oferta.
Sin embargo, otros personajes sí se prestaron para trabajar y forjar pruebas a favor de Chevron. El ecuatoriano Diego Borja, quien ahora reside en EE.UU., recabó muestras de contaminación en la selva que -según admitió luego- las cambió por ejemplos limpios.
Hace 12 años, el gerente general de Chevron, John Watson, recomendó adquirir las acciones de Texaco en Ecuador, a pesar de que sabía del problema legal. Según escribió Karen Hinton en The Huffington Post, ”Watson aconsejó la adquisición presumiendo que el grupo de indígenas, con su pequeño equipo de abogados, no podría mantener la pelea legal con la multinacional.
Ellos claramente esperaban que la demanda sea desestimada por ser un país en desarrollo, que tendría que enfrentar a una multinacional con recursos económicos ilimitados para abogados y cabilderos”.
Sin embargo, la sorpresa vino para la compañía cuando en 1993, los 30.000 afectados ecuatorianos presentaron la demanda contra Texaco, que luego se convirtió en Chevron, por el desastre ecológico.
EL TELEGRAFO/EScuela Bolivariana del Poder Popular
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