Ronald Muñoz
Existen dos expresiones de la corrupción que han sido claves en la debacle que ha sufrido la economía venezolana y con ella la calidad de vida del pueblo venezolano, estas expresiones son los mecanismos de asignación de divisas y la vigilancia de nuestras fronteras para detener el contrabando de extracción.
Todavía estamos esperando que se publique la lista de las empresas que estafaron al país a través de la asignación de divisas, pero más allá de quienes sean los supuestos empresarios, hay algo que hay que tener presente: sean quienes sean los "empresarios" esos dólares no se los asignaron ellos mismos, sino que les fueron asignados por funcionarios públicos… Y por los montos asignados es evidente que las órdenes correspondientes para cada una de estas asignaciones de divisas no fueron emanadas de funcionarios de escala baja o media sino de funcionarios públicos de alto rango.
Al sol de hoy el pueblo no puede ejercer ningún mecanismo contra estos estafadores de la nación porque nadie sabe quiénes son. Y no se puede hacer contraloría de ningún tipo porque el estado no revela de quienes se trata. Si por el contrario la asignación de las divisas fuese una política absolutamente trasparente y de manejo público nacional estos estafadores no existirían o al menos todo el país supiera claramente quienes son y estarían respondiendo por sus delitos.
La perversión de esta dinámica se mantiene con un dólar oficial que durante meses estuvo artificialmente estancado y que ahora meteóricamente se devalúa, pero que absolutamente nadie sabe bajo que parámetros sube o baja ni quienes han sido los beneficiarios de estas supuestas adjudicaciones de divisas.
La otra expresión de corrupción señalada es la vinculada al contrabando de extracción. Ya va casi un año desde que se ordenó el cierre de la frontera, pero usted va hoy a ciudades de Colombia como Cúcuta o Maicao y se dará cuenta que siguen absolutamente surtidas y repletas de productos venezolanos… productos venezolanos que escasean en Venezuela… Productos que no llegan a Colombia en naves extraterrestres, sino que pasan por los caminos verdes de la frontera con evidente complicidad de traidores a la patria que siendo militares ensucian el uniforme del ejército Libertador de América.
El daño que se le hace al país con el contrabando de extracción es demasiado grave porque no importa cuánto se produzca en Venezuela, ni importa si se elevan los niveles de producción nacional, puesto que si todo se sigue yendo por la frontera igual las cosas seguirán escaseando: todos los departamentos de Colombia que tienen frontera con Venezuela, más las islas del Caribe como Aruba o Curazao están plenamente surtidos de productos venezolanos. Hablamos de millones de personas en otros países que viven a diario usando los productos que, al ser hechos en Venezuela se supone que son para cubrir las necesidades del pueblo venezolano. Y al sostenerse el desabastecimiento por vía del contrabando de extracción se deja terreno fértil para el bachaqueo y la especulación.
El papel de un importante número de oficiales de las fuerzas armadas en el contrabando de extracción no es secundario: ellos se han convertido en la mafia del contrabando. Son ellos quienes cobran y quienes deciden quien entra y sale. Y ante el supuesto cierre de la frontera lo único que hicieron fue aumentar sus tarifas. La política gubernamental relacionada con este lamentable hecho delictivo que ocurre a la vista de todas y todos los que viven en estados fronterizos es el silencio absoluto. Craso error porque precisamente a través de la denuncia pública es que se puede combatir estos ilícitos de manera eficiente.
Hacia un Sistema Nacional de Transparencia Pública
Es necesario, es impostergable avanzar hacia un nuevo modelo de administración pública que se fundamente en la transparencia absoluta. Los recursos de la nación no pueden seguir siendo una caja negra que alguien administra discrecionalmente sin rendirle cuentas a nadie. Por el contario, lo que siempre ha estado planteado en el marco del Proceso Revolucionario es el desarrollo de un modelo político basado en la participación directa y protagónica del pueblo en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, así quedó plasmado en nuestra constitución, y así quedó transversalizado en el Plan de la Patria, por ende es hacia allá hacia donde debe apuntar el gobierno.
Un sistema de transparencia absoluta que informe de manera clara y transparente todas y cada una de las empresas a las que se le asigne divisas, con el respectivo monto y además el uso para el cual se asignan las divisas permitirá que cualquier venezolano o venezolana pueda ser vigilante de que en efecto los dólares aprobados están siendo utilizados por dichas empresas para lo que realmente se les aprobó y que esos productos sean vendidos al precio correspondiente.
Solo por recordar ejemplos concretos cito los acuerdos firmados en los últimos tres años por parte del gobierno con empresas como la Peugeot o Renault empresas fabricantes de vehículos, invitando a quien desee a que me diga si ha visto un carro de estas marcas vendido a "precio justo" en estos últimos tres años, los mismos años en los que se firmó estos convenios con tales empresas.
De igual forma, los nombres de los responsables tanto militares como civiles del resguardo y entes administrativos de la frontera debe ser de manejo público: con nombre y apellido y además el cargo o rango y las funciones que desempeña. Si en un lapso establecido de tiempo las ciudades extranjeras fronterizas siguen surtidas de productos venezolanos estos funcionarios públicos tanto civiles como militares tienen que responder ante el país.
A partir de este sistema, la experiencia debe ser reproducida también a las obras públicas, tanto del ejecutivo nacional como las emprendidas por los gobiernos regionales, municipales, comunas y consejos comunales. Un sistema que publique (vía internet) todas las obras que se estén realizando en todos los municipios del país, con los montos asignados, las empresas contratadas, y los entes y funcionarios responsables, además del tiempo establecido para la culminación. Difícilmente puede existir corrupción con un sistema como este. Se trata de un sistema en el que las instituciones del estado pueden realizar contraloría… pero el pueblo organizado también, a través de los consejos comunales, comunas, o cualquier otra instancia de organización social, se debe tratar de un sistema al que todo el mundo tenga acceso para revisar, y alertar en caso de que se observe alguna irregularidad.
Nadie sabe cuál es el criterio para la asignación de viviendas por parte del estado, ni tampoco para la adjudicación de vehículos. Porque ninguna de las dos se realiza de forma trasparente, lo cual ha derivado en un perverso sistema de aprobaciones en el cual el chanchullo es el pan de cada día, y en el cual quienes terminan siendo beneficiados en gran medida son aquellos que tienen un contacto militar o aquellos que pueden pagar (que no son precisamente los más necesitados). Esto se da sobre todo en el caso de los vehículos, dado que sectores corruptos de la fuerza armada se apoderaron por completo de Venezuela Productiva Automotriz convirtiendo una política que era en beneficio de todo el pueblo en un negocio bizarro de castas inauditables. Como en los casos anteriores, si se establece un sistema público y transparente de asignación tanto para viviendas como para vehículos la corrupción desaparece, porque sencillamente se publican los criterios de asignación mas los listados de solicitantes que, bajo los criterios establecidos van siendo adjudicados de manera transparente en el orden que le corresponda.
Pero incluso se puede ir más allá en el marco de la grave coyuntura alimentaria: Que se desarrolle también un sistema que permita hacer seguimiento a la distribución de alimentos a nivel nacional. Muchas veces se observa cadenas del presidente o ministros recibiendo cargamentos de comida o en centros de producción de alimentos, pero ocurre que la gente va a buscar esos alimentos y nos los consigue. Si se desarrolla también un sistema de seguimiento y control a la distribución de alimentos que sea de libre acceso al público la comida que sale a su destino tendrá que llegar. El sistema indicaría la cantidad de alimentos, los tipos de productos, desde donde y cuando salen, y el punto de llegada en cada estado, municipio y parroquia… pero además indicará algo muy importante: los nombres y cargos de los funcionarios responsables. Si en el trascurso de unas horas la comida no ha llegado los funcionarios responsables tendrán que responder.
Y alguien puede decir que es que el problema es precio del barril, y que si sube ya no habrá problema, pero la verdad es que no: así el petróleo subiera a 1000 dólares el barril, mientras no exista transparencia en la adjudicación de divisas ni al administración de recursos del estado los problemas persistirían, solo que esa ala corrupta enquistada en el aparato del estado se haría aún mucho más acaudalada de lo que ya es en la actualidad.
Otro factor importante deberían ser los medios de comunicación públicos, que trabajando en articulación con el pueblo organizado pueden ser el gran instrumento para hacer contraloría a las instituciones, garantizando un funcionamiento transparente y eficiente si desde el alto gobierno son capaces de permitir que se trabaje en ese sentido: nadie va a ganar más que el gobierno si se depura la gestión porque en este tipo de prácticas se encuentra la verdadera causa del éxito de la guerra económica, mucho más que en el propio ataque que desde el extranjero se realiza contra la economía venezolana.
La transparencia pública debe ser asumida en todas las instancias del Estado: ningún funcionario público puede entender como un ataque contra él el que se solicite que rinda cuentas de su gestión, es un derecho del pueblo.
Si avanzamos hacia un modelo de transparencia pública absoluta la corrupción desaparecerá porque no tendrá cabida para manifestarse, y el gran ganador sería el gobierno cuyas políticas serán muchísimo más eficientes, y en última instancia el gran ganador sería el pueblo que sintiéndose satisfecho con un modelo eficiente retribuirá eso con votos, porque en democracia un gobierno solo se sostiene cuando el pueblo le apoya de manera mayoritaria, sin apoyo del pueblo tarde o temprano caerá sin importar lo que haga.
Es importante saber que en Venezuela existe la gente que puede desarrollar un sistema articulado de gestión pública de esta envergadura en poco tiempo: no necesitamos traer a nadie de afuera ni llamar a contratistas que cobren en dólares.
De haber contado con un sistema integrado de transparencia pública como este el gobierno no habría tenido que someterse al chantaje corporativo de liberar los precios de todo, es injusto que el pueblo sea el que pague tanto por la arremetida de sectores financieros trasnacionales como por la corrupción e incapacidad de funcionarios del estado. Aún es posible enmendar el camino, entregándole de manera real, todo el poder al pueblo.
Aporrea / Escuela Bolivariana del Poder Popular
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