Organizaciones campesinas piden desenmascarar a un lobby latifundista
30 de mayo de 2018
En las tierras zulianas del Sur del Lago, específicamente en el municipio Francisco Javier Pulgar, se encuentra un predio de 642 hectáreas, denominado Fundo la Victoria. Al estar por varios años improductivo, las comunidades campesinas lo denuncian en 2013 como “tierra ociosa”, así como lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, uno de los pilares de la legislación bolivariana y principal instrumento legal de la lucha contra el latifundio.
En 2014, luego de la denuncia, empieza el procedimiento de rescate del fundo La Victoria; sin embargo muy pronto se queda estancado. En mayo, las familias campesinas del rescate son desalojadas, y en julio el Tribunal Agrario decreta una medida, vigente por un año, de protección a la producción ganadera doble propósito (carne y leche) que se estaría desarrollando en el fundo. La medida es solicitada por la supuesta dueña del predio, que para ese entonces es la señora Maria Auxiliadora Bracho de Muchacho, madre de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao (Caracas) y actualmente prófugo de la justicia venezolana.
Sin embargo, las comunidades campesinas protestan, alegando que se trata más bien de “medidas de protección a la improductividad”, y que el Instituto Nacional de Tierras no ha realizado las inspecciones correspondientes. En octubre de 2014 las familias desalojadas deciden regresar al fundo para ponerlo a producir, con cultivos de maíz, arroz y plátano.
Lo que sigue es una historia de contradictorias decisiones y de informes contrastantes por parte del INTI, junto a repetidos desalojos, judicialización y criminalización de las familias campesinas, ahora organizadas en la Cooperativa “El Capital”.
En 2016, el fundo es vendido, y sigue improductivo. Figura ahora como propiedad de dos supuestos dueños, quienes la organización campesina vincula a personalidades políticas del estado Zulia.
Con los nuevos supuestos dueños, la situación para las 200 familias campesinas de la cooperativa se hace aún más dura: en 2017, ocho integrantes de la cooperativa, entre hombres y mujeres, son detenidos por cuatro meses por orden de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago, y aún se encuentran bajo régimen de presentación. Hay 34 procesados, inclusive dos menores de edad. En los desalojos, ejecutados por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, son destruidas todas las siembras.
El caso de esta comunidad se inscribe en la escalada de violencia, criminialización, judicialización y desalojos contra el campesinado que ha ido incrementando en el último año y medio, situación que por su gravedad requirió el pronunciamiento firme del Presidente Nicolás Maduro en respaldo al movimiento campesino: “¡Ésta no es una una Revolución cómplice de los terratenientes! Ésta es una Revolución de los campesinos, de las campesinas, de la justicia!”.
Ese mismo día el Presidente exigió una investigación de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): “una investigación seria, para castigar severamente a los que se alían con terratenientes ¡Prohibido el desalojo a las comunidades campesinas!” aseveró el mandatario.
Luego del pronunciamiento del Presidente Maduro - el pasado 9 de abril – integrantes de la Cooperativa El Capital son parte de la delegación campesina que decide acudir ante la Asamblea Nacional Constituyente, el INTi y la Fiscalía para poder resolver sus casos.
Uno de los resultados de esas reuniones es la visita al predio La Victoria por parte del Viceministro de Tierras y Presidente del INTi, Luis Soteldo, junto a las constituyentes Emma Ortega, vocera por el sector campesino, y María Alejandra Díaz, de la comisión de investigación sobre los casos de desalojo. En esa visita, se había dado a entender que iba a haber un rescate parcial del predio e inclusive se había fijado la fecha de entrega de la adjudicación de tierras.
Pero al parecer alguien, al último momento, lo echó para atrás. El fundo La Victoria y la Cooperativa El Capital son sacados de repente de la lista de adjudicaciones pautadas para un acto público a realizar en los próximos días. “Se nos informó que el rescate La Victoria «no va», porque unos «chivos grandes» así lo piden, porque tienen intereses en este fundo” afirman desde la cooperativa.
La Plataforma de Luchas Campesinas se ha unido a la Cooperativa El Capital en denunciar la activación de “un poderoso lobby, para presionar y tumbar esa decisión autónoma del INTi, perjudicando a los campesinos que llevan cinco años luchando esas tierras”: así escriben en un comunicado que hicieron circular el día de ayer por las redes sociales. Y agregan: “El Presidente Nicolás Maduro llamó a rectificar las cosas que no se están haciendo bien, y miren lo que pasa. ¿Vamos a seguir complaciendo a los "chivos corruptos" y con poder en el estado?”.
“Queremos que se haga público el nombre de ese “chivo grande” y que nos de la cara, ya basta de la política de cogollos que desprecian al pueblo” escriben, dirigiéndose al Presidente de la Républica, Nicolás Maduro, y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “para que intervengan, investiguen y con toda la soberania popular hagan cumplir el mandato popular y la ley, y se expulse del gobierno a los responsables de estas prácticas contrarrevolucionarias”.
En 2014, luego de la denuncia, empieza el procedimiento de rescate del fundo La Victoria; sin embargo muy pronto se queda estancado. En mayo, las familias campesinas del rescate son desalojadas, y en julio el Tribunal Agrario decreta una medida, vigente por un año, de protección a la producción ganadera doble propósito (carne y leche) que se estaría desarrollando en el fundo. La medida es solicitada por la supuesta dueña del predio, que para ese entonces es la señora Maria Auxiliadora Bracho de Muchacho, madre de Ramón Muchacho, ex alcalde del municipio de Chacao (Caracas) y actualmente prófugo de la justicia venezolana.
Sin embargo, las comunidades campesinas protestan, alegando que se trata más bien de “medidas de protección a la improductividad”, y que el Instituto Nacional de Tierras no ha realizado las inspecciones correspondientes. En octubre de 2014 las familias desalojadas deciden regresar al fundo para ponerlo a producir, con cultivos de maíz, arroz y plátano.
Lo que sigue es una historia de contradictorias decisiones y de informes contrastantes por parte del INTI, junto a repetidos desalojos, judicialización y criminalización de las familias campesinas, ahora organizadas en la Cooperativa “El Capital”.
En 2016, el fundo es vendido, y sigue improductivo. Figura ahora como propiedad de dos supuestos dueños, quienes la organización campesina vincula a personalidades políticas del estado Zulia.
Con los nuevos supuestos dueños, la situación para las 200 familias campesinas de la cooperativa se hace aún más dura: en 2017, ocho integrantes de la cooperativa, entre hombres y mujeres, son detenidos por cuatro meses por orden de la Fiscalía 16 de la zona Sur del Lago, y aún se encuentran bajo régimen de presentación. Hay 34 procesados, inclusive dos menores de edad. En los desalojos, ejecutados por el destacamento 115 de la Guardia Nacional Bolivariana, son destruidas todas las siembras.
El caso de esta comunidad se inscribe en la escalada de violencia, criminialización, judicialización y desalojos contra el campesinado que ha ido incrementando en el último año y medio, situación que por su gravedad requirió el pronunciamiento firme del Presidente Nicolás Maduro en respaldo al movimiento campesino: “¡Ésta no es una una Revolución cómplice de los terratenientes! Ésta es una Revolución de los campesinos, de las campesinas, de la justicia!”.
Ese mismo día el Presidente exigió una investigación de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): “una investigación seria, para castigar severamente a los que se alían con terratenientes ¡Prohibido el desalojo a las comunidades campesinas!” aseveró el mandatario.
Luego del pronunciamiento del Presidente Maduro - el pasado 9 de abril – integrantes de la Cooperativa El Capital son parte de la delegación campesina que decide acudir ante la Asamblea Nacional Constituyente, el INTi y la Fiscalía para poder resolver sus casos.
Uno de los resultados de esas reuniones es la visita al predio La Victoria por parte del Viceministro de Tierras y Presidente del INTi, Luis Soteldo, junto a las constituyentes Emma Ortega, vocera por el sector campesino, y María Alejandra Díaz, de la comisión de investigación sobre los casos de desalojo. En esa visita, se había dado a entender que iba a haber un rescate parcial del predio e inclusive se había fijado la fecha de entrega de la adjudicación de tierras.
Pero al parecer alguien, al último momento, lo echó para atrás. El fundo La Victoria y la Cooperativa El Capital son sacados de repente de la lista de adjudicaciones pautadas para un acto público a realizar en los próximos días. “Se nos informó que el rescate La Victoria «no va», porque unos «chivos grandes» así lo piden, porque tienen intereses en este fundo” afirman desde la cooperativa.
La Plataforma de Luchas Campesinas se ha unido a la Cooperativa El Capital en denunciar la activación de “un poderoso lobby, para presionar y tumbar esa decisión autónoma del INTi, perjudicando a los campesinos que llevan cinco años luchando esas tierras”: así escriben en un comunicado que hicieron circular el día de ayer por las redes sociales. Y agregan: “El Presidente Nicolás Maduro llamó a rectificar las cosas que no se están haciendo bien, y miren lo que pasa. ¿Vamos a seguir complaciendo a los "chivos corruptos" y con poder en el estado?”.
“Queremos que se haga público el nombre de ese “chivo grande” y que nos de la cara, ya basta de la política de cogollos que desprecian al pueblo” escriben, dirigiéndose al Presidente de la Républica, Nicolás Maduro, y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “para que intervengan, investiguen y con toda la soberania popular hagan cumplir el mandato popular y la ley, y se expulse del gobierno a los responsables de estas prácticas contrarrevolucionarias”.
Alba TV / Escuela Bolivariana del Poder Popular
@prensa_ebpp
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