Son varias las causas que han producido el enorme aumento en el precio de los alimentos a escala mundial, entre las que podemos destacar tenemos la crisis ambiental y energética que tiene como su principal generador la crisis del sistema capitalista en todo el planeta.
En el año 2008, el capitalismo entró en una de sus más profundas crisis de toda su historia, cuando el sistema crediticio mundial de declaró en quiebra. Desde entonces según la compañía de análisis financiero Bloomberg, el trigo aumentó 130%; la soya el 87%; el arroz el 74% y el maíz el 31% entre otros productos de consumo mundial . Los países que importan gran parte de su comida, ante esta realidad, empezaron compulsivamente a comprar de diversas maneras millones de hectáreas de tierra en todo el mundo, para asegurar el consumo interno de su población. Países que importan hasta el 60% de su comida como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, que son países desérticos, otros que no son países agrícolas como Japón y Corea también se sumaron a esta ola de compras frenéticas.Seúl, por ejemplo, controla, a través de grandes trasnacionales como la Daewoo o Hyundai, 2.300.000 de hectáreas en países como Brasil, Tanzania, filipinas y Rusia. China, con una población cercana a los 1,400 millones de habitantes, el 20% de la población mundial, pero con menos del 10% de sus tierras con capacidad para producir, también se ha sumado al club de los nuevos terratenientes planetarios. Por eso en estos últimos años Beijing ha firmado contratos con más de 30 países, uno de ellos es la República Democrática del Congo, donde empresas chinas han conseguido concesiones para instalar la plantación de palma que cubrirá, en los próximos años, más de un millón de hectáreas.
Otro de los aspectos que influyen en el encarecimiento de los alimentos es, sin duda, la inestabilidad de los precios del petróleo, producto de su escasez generalizada. Las trasnacionales petroleras, esclavas de las leyes de la economía, no pueden, por voluntad propia, darle vía a otras alternativas energéticas porque eso significaría su propio fin. Frente a eso y para prolongar la agonía de la economía basada en el consumo de petróleo, han ideado una forma de disminuir el consumo mundial de petróleo: la producción de agro combustibles. Esto es, combustibles obtenidos de productos agrícolas, fundamentalmente etanol y biodiesel que, mezclados con la gasolina, disminuiría notablemente su consumo mundial.Aparentemente ésta sería una solución razonable, desde el punto de vista de la sustitución a corto plazo de la tecnología basada en el consumo de petróleo (casi todas las máquinas en el mundo funcionan con base en la combustión, muy pocas, en términos mundiales, con energía eléctrica) pero resulta un verdadero despropósito desde el punto de vista de los costes de producción. Por ejemplo, la producción de un galón de biodiesel o etanol, es mucho más elevado que la producción de un galón de gasolina del petróleo, pero ahí no acaba el problema, la producción de etanol, obtenido principalmente de la caña de azúcar y otros como palma africana o la soya, significa desviar el consumo de estos productos que ya no irían a satisfacer la demanda de azúcar, aceites u otras necesidades para el consumo humano, sino la demanda mundial de combustibles para consumo de las máquinas, principalmente automóviles.
Tenemos entonces que la escasez de alimentos y sus alzas continuas, tiene causas puy precisas dentro del capitalismo: escasez de petróleo, problemas ambientales, incremento de la población mundial, dependencia del consumo directo de las leyes financieras que regulan la producción y la distribución, y el uso de la tierra con otros fines no agrícolas como la extracción de minerales, etc.
Esta situación comentada está generando unas consecuencias en el corto y el largo plazo: la importancia estratégica de la tenencia de la tierra. En efecto, Warren Buffett, un multimillonario estadounidense invirtió 400 millones de dólares en la producción de soya y azúcar en Brasil, la familia Benetton posee en argentina más de 900.000 hectáreas, el gurú de las finanzas George Soros, completó inversiones por más de 600 millones de dólares en Argentina y Brasil; el príncipe Al-Waleed de la familia real de Arabia saudita adquirió más de 5,5 millones de hectáreas en indonesia y Sudán, el gobierno chino tiene inversiones representadas en 6,5 millones de hectáreas en Argentina, Brasil, México, Congo, Camerún, Laos y Filipinas. Etc.
Todo esto está trayendo consecuencias desastrosas para la economía de los países “beneficiados” con estas inversiones. Razones: el acaparamiento de tierras ya está teniendo un tremendo impacto. El desplazamiento de comunidades locales, la destrucción de las economías regionales, la pérdida de la producción de alimentos para el consumo local, la pérdida de la biodiversidad, los impactos de los monocultivos y los agrotóxicos usados en la producción agroindustrial son efectos que ya son parte de la realidad.
Ahora bien,, el acaparamiento de tierras sólo es posible cuando son expulsados los campesinos de sus tierras de forma legal o ilegal. En el primer caso, tenemos el ejemplo de lo que sucede en Mozambique, allí los inversionistas consiguieron contratos de alquiler de 99 años con exenciones de impuestos por 25 años, al miserable precio de un dólar por hectárea. En Etiopía 70.000 campesinos abandonaron sus tierras después de que el gobierno las vendió a inversionistas extranjeros; lo mismo pasó en Uganda luego de que su gobierno vendió tierras a inversionistas madereros, fueron desplazados por lo menos 20.000 campesinos.
En Colombia, con la llamada restitución de tierras, el gobierno aspira a entregar a los campesinos una pequeña parte de las tierras usurpadas por los paramilitares a lo largo de los últimos 22 años, pero no para beneficiar a los campesinos ni para promover políticas que resuelvan el grave problema de seguridad y soberanía alimentaria que agobia a nuestro pueblo, sino para favorecer a los inversionistas extranjeros, ávidos de tierras para sus mega proyectos agroindustriales de biocombustibles y para la explotación minero energética.
En el reciente discurso de instalación de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, nuestro comandante Iván Márquez denunció que la ley de restitución de tierras es una trampa con la que pretenden engañar a los campesinos, además de la existencia de unos “nuevos llaneros” que están comprando tierras compulsivamente en el oriente del país. El gobierno colombiano encabezado por el presidente Santos salió de inmediato a desmentir estas afirmaciones argumentando que "Ellos están nerviosos con esa Ley de Tierras porque es algo que es justo y le devuelve a los verdaderos dueños de las tierras su capacidad de tener un ingreso digno". Mientras que el jefe de la delegación del gobierno Humberto de la calle dijo furioso que no van a tolerar este tipo de afirmaciones.
Sin embargo la realidad es otra como lo demuestra el antropólogo colombiano Darío Fajardo “El Plan de desarrollo vigente [el de Juan Manuel Santos] ha puesto en marcha iniciativas previstas en el documento guía del Banco Mundial: en un foro sobre el acaparamiento de tierras realizado a comienzos de 2011 el parlamentario Wilson Arias informó sobre la presencia de cinco grupos nacionales (Luis Carlos Sarmiento Angulo, Valorem/Familia Santodomingo, Sindicato Antioqueño/Familia Liévano, Familia Eder, Francisco Santos, con proyectos sobre 220 mil hectáreas) y siete extranjeros (Cargill/Holding Black River, de Estados Unidos, Mónica y Amaggi, de Brasil, GPC de Chile, El Tejar, de Argentina, Poligrow, de España), todos ellos con inversiones sobre 130 mil hectáreas, además de intereses de China e India sobre 900 mil hectáreas” ubicadas en los llanos orientales.
Una mirada superficial a la oferta gubernamental de titulación masiva para superar la informalidad de la propiedad, no generaría oposición alguna, pero cuando auscultamos en las verdaderas causas nos damos cuenta de que “cumplidas las titulaciones masivas, los desterrados que pretendan regresar no cuentan con protección efectiva para sus vidas, ni con apoyo económico ni técnico para reconstruir y ampliar sus comunidades y sus economías. Como consecuencia, tendrán como única opción enajenar sus tierras, ahora de manera “legal”, dando cumplimiento a un requisito sin duda exigido por las empresas multinacionales, interesadas en hacer inversiones sin riesgos jurídicos.” Completando así una suerte de legalización del despojo tal y como lo asegura nuestro secretariado en el documento de instalación de los diálogos.
Esta tendencia viene implantándose en Colombia sobre el marco histórico y jurídico de la gran propiedad terrateniente, apoyada en formas violentas de usurpación de la tierra y estimulada por inversiones de procedencia legal e ilegal. Con el apoyo del Estado y con la utilización del paramilitarismo, estos intereses continúan ampliando la concentración de la tierra, generando desplazamiento masivo de comunidades, facilitando la destrucción de las bases agrícolas del abastecimiento alimentario del país e iniciando la incorporación de Colombia en la tendencia hacia la extranjerización de sus tierras a favor de empresas multinacionales.
Por estas razones el secretariado nacional propone discutir el tema de la ley de tierras dentro del concepto del territorio, ¿Por qué? Porque este concepto es mucho más amplio, y permite abordar desde una óptica más cercana a la realidad el problema estructural de la tenencia de la tierra, no solo para beneficiar al campesino de forma tal que resuelva sus necesidades inmediatas de subsistencia, sino que también resuelva el problema de nuestra soberanía, que pase por una nueva concepción de país que se enrumbe hacia el progreso y el desarrollo económico.
Revista Resistencia / Escuela Bolivariana del Poder Popular
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