Al negar despacho de alimentos destinados a los (Clap)y otros chanchullos, es detenida una de las gerentes de la Polar.Mano dura a los saboteadores!
En respuesta a la detención de la ciudadana Layra Parra (hecho ocurrido el jueves cuando la citada fue aprehendida por las autoridades en la planta Polar ubicada en Yaritagua, estado Yaracuy), la compañía de Lorenzo Mendoza emitió un comunicado en el que -como era de esperarse- oculta las verdaderas causas del procedimiento legal que salió al paso a otra acción desestabilizadora cocinada en la empresa.
El escrito indica que la actuación de los cuerpos de seguridad fue “arbitraria y desproporcionada”, pero oculta que “arbitraria y desproporcionada” fue la decisión del Centro de Distribución Yaracuy de Alimentos Polar (del que Parra es gerente) al negar despacho de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
De acuerdo a los asesores de Mendoza, “no existe justificación alguna para una medida como esta” pero nada dicen sobre los 46 millones de bolívares que el Estado había cancelado a la Polar, equivalente a nueve gandolas de harina, “de los cuales ni una fue despachada a las instalaciones o al servicio de abastecimiento de la entidad”, como declaró en su momento David Losan, secretario estatal de Seguridad Ciudadana de la entidad occidental.
Según el parte tampoco se justifica “una medida como esta”, pero oculta descaradamente que a Polar se le canceló la suma señalada luego de haber ganado en licitación el despacho de 250 toneladas de harina de maíz precocida, y que la funcionaria mencionada se negó a entregar.
De manera inaudita, la declaración acusa a las autoridades yaracuyanas de efectuar “reiteradas inspecciones”, dejando en evidencia el desprecio que ese monopolio siente hacia el papel que en un Estado de derecho deben cumplir quienes están al frente del mismo.
Es más, acusa al gobierno regional de pretender “el desvío de harina precocida de maíz exclusivamente al Servicio Socialista de Abastecimiento del estado Yaracuy”, a sabiendas de que como se mencionó previamente, fue cancelada con anterioridad.
En medio de la defensa de lo indefendible, nada argumenta sobre la retención ilegal de la que fueron víctimas -durante casi dos horas- los efectivos de Sunagro y del Sebin que junto a trabajadores yaracuyanos acudieron a retirar el producto, procedimiento ilegal que perjudicó al propio Losan.
Pero lo que más llama la atención del remitido de marras, es la amenaza implícita que se deja colar cuando establece que la actuación oficial perjudica “el abastecimiento de alimentos en gran parte del país”.
Sea como sea y haga lo que haga, Mendoza -y quienes lo asesoran y defienden- debe entender que se le acabaron los tiempos en los que la impunidad siempre estuvo de su lado. Será precisado por la ley, cada vez que se coma la luz.
Escuela Bolivariana del Poder Popular/La Iguana
@prensa_ebpp
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