El coordinador federal de la coalición Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, llamó hoy al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a esclarecer las denuncias de corrupción que afectan a su partido para evitar un estallido social.
En una rueda de prensa, Lara advirtió al Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) que se equivoca de estrategia al no querer aclarar si realmente dirigentes de esa agrupación cobraron sobresueldos en dinero negro, como reveló un diario madrileño.
El periódico El País publicó la víspera una supuesta contabilidad secreta de los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, que refleja pagos opacos a militantes del partido entre 1990 y 2009, incluido al propio Rajoy, e ingresos por donaciones de empresas.
Responsable de las finanzas del PP durante casi tres décadas, Bárcenas dimitió en 2009, tras ser imputado por la Justicia en la llamada red Gürtel, trama corrupta que ese mismo año salpicó a connotados dirigentes de la ahora formación en el poder.
A juicio del líder de IU, con su "posición del avestruz", el Gobierno le hace un flaco favor a España y contribuye a que se produzcan estallidos sociales, ante la creciente desafección ciudadana hacia la clase política por los numerosos escándalos de corrupción.
La gente está muy harta y hay un importante deterioro social, enfatizó Lara, tras la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley orgánica para luchar contra esa lacra que, opinó, invade España y socava las bases de la democracia.
En línea con sus últimas declaraciones, el máximo dirigente de la coalición de izquierda insistió en que si se demuestra que altos cargos del PP recibieron retribuciones en negro, el presidente del Gobierno debería dimitir y convocar elecciones anticipadas.
La propuesta presentada por IU a nombre del grupo parlamentario Izquierda Plural, integrado además por Iniciativa por Cataluña Verdes y Chunta Aragonesista, plantea la modificación de varias leyes como el Código Penal y la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Entre los delitos cuyas penas se busca endurecer están los vinculados con el urbanismo, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, entre otros.
Se sugiere una profunda reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que no puedan recibir directa o indirectamente donaciones de personas o empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para el sector público.
También propone el incremento de las penas de inhabilitación para los funcionarios y cargos públicos que cometen este tipo de delitos y la suspensión provisional de empleo o cargo público para los encausados por corrupción, incluso antes de que haya sentencia firme.
El líder de IU se mostró convencido de que buena parte de los problemas de corrupción provienen de la inadecuada financiación pública de las agrupaciones políticas, los cual arrastra a determinadas formaciones a "abrir la puerta de atrás" a las empresas.
Además esta proposición de ley, Izquierda Plural y el grupo Mixto pidieron hoy formalmente la creación de una comisión parlamentaria para investigar la corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de los partidos.
Rajoy comparecerá mañana para ofrecer su opinión sobre los presuntos pagos irregulares a dirigentes del PP, según confirmó este viernes su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
PL/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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