Tras una protesta protagonizada por taxistas en contra de la inseguridad en el pueblo de El Hatillo, en el estado Miranda, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia decidió este martes la intervención en primer grado de la policía de este municipio, lo que contempla la asistencia técnica del organismo de seguridad para garantizar su buen funcionamiento.
El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Édgar Barrientos, anunció la medida como parte de una mesa de trabajo sostenida con los trabajadores del volante, habitantes de la comunidad y autoridades locales y regionales.
La reunión se efectuó en el anfiteatro de la zona después de que los taxistas cerraran la calle El Progreso para exigir más presencia policial, debido a que el viernes en la noche, unos delincuentes asesinaron a uno de los afiliados a la línea La Lagunita-El Hatillo. La acción de protesta generó fuerte congestionamiento a primeras horas de la mañana de este martes.
El director General del Servicio de Policía, comisario general Gusavo Rosario, explicó tras la reunión que si bien existe un déficit de funcionarios en la Policía de El Hatillo, decidieron aplicar el plan de asistencia técnica porque "entendemos que más allá de capacidad es falta de interés por resolver el asunto".
"La policía municipal va a ser objeto de una medida de intervención primaria de asistencia técnica para evaluar los procesos internos de los cuerpos de policía y adecuarlos a la necesidades reales del municipio", detalló y apuntó que los vecinos denuncian presunto mal manejo de los funcionarios del organismo de seguridad.
Esta asistencia técnica consiste en "evaluar los procesos internos del cuerpo de policía, corregirlos y fortalecerlos, para hacer el mejor uso del talento humano y de los recursos materiales" de la institución.
La Policía de El Hatillo cuenta con unos cien efectivos y se estima que esta cifra debe ser de al menos el doble para cubrir eficientemente todo el espacio.
Por lo tanto, las autoridades acordaron la activación de un plan de vigilancia y patrullaje desde este mismo lunes, a fin de reforzar la presencia policial con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Guardia del Pueblo y con la policía regional.
"La intención es distribuir el municipio por áreas para que cada uno de los órganos de seguridad se ocupe de un sector", precisó. El plan de vigilancia estará dirigido por el primer teniente Montoya Rangel, de la Guardia del Pueblo.
Rosario admitió que el nivel de criminalidad del municipio es relativamente bajo en comparación con otros, pero resaltó que ha habido eventos que generan la angustia de sus habitantes, como la muerte del taxista el pasado fin de semana.
Del mismo modo, en la mesa de trabajo se acordó la realización, los lunes a las 8:00 de la noche, de asambleas de ciudadanos en el anfiteatro para evaluar la aplicación del plan de seguridad.
Mientras, Barrientos indicó que la próxima semana el Gobierno Nacional entregará 15 motos al municipio, a fin de reforzar la vigilancia y recordó que hace unos meses ya habían dado una dotación de transporte a la policía local.
Alcaldesa satisfecha con la medida
La alcaldesa de El Hatillo, Myriam Do Nascimento, del partido Acción Democrática, expresó su satisfacción con la medida adoptada por el Gobierno Nacional.
"Me parece buenísimo. Así se darán cuenta de cuáles son nuestras deficiencias (...) Además, el hecho de que trabajemos todos de manera coordinada, en una misma línea y se corrijan las cosas que no se están haciendo bien, eso me parece totalmente responsable, porque no podemos estar haciendo a través del Gobierno Nacional unas pautas y a través del local, otras. La idea es que todos vayamos en la misma dirección", declaró.
Del mismo modo, indicó que el cuerpo policial local requiere más funcionarios, tiene pocas unidades y recursos financieros insuficientes.
Do Nascimento destacó la posibilidad de trabajo mancomunado entre los tres niveles de gobierno, lo que admitió ha sido difícil de concretar hasta ahora por las diferencias políticas.
"A través del gobierno municipal estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para ofrecer soluciones que necesite la colectividad, pero lo propio esperamos del gobierno regional y el nacional. Estoy segura de que no son falacias lo que se produjo en la mesa hoy. Por el contrario, vi un compromiso irrestricto por parte de los representantes de cada uno de los cuerpos, que estoy segura se va a convertir en soluciones para la colectividad", añadió.
Taxistas: Logramos el objetivo
Manuel Romero, coordinador de la línea de taxis Lagunita-El Hatillo, que protagonizó la protesta de este martes, destacó que el gremio se siente complacido porque lograron el compromiso de las autoridades nacionales de fortalecer el patrullaje, ante el hecho de que "las municipales hacían caso omiso de nuestras denuncias".
Explicó que han hecho llamadas a la policía local para notificar hechos delictivos y han recibido como respuesta que no hay funcionarios que manejen las patrullas. "Aquí la inseguridad hace lo que le da la gana", dijo y señaló que frecuentemente son víctimas de secuestros y arrebatones. Incluso, suspendieron el servicio a la zona rural de Turgua porque ocho de sus compañeros fueron robados.
Además, cuestionó el manejo del personal policial en la zona pues no sólo su presencia es escasa sino que los uniformados suelen limitar sus labores hasta las 6:00 de la tarde.
Julia González y Rubén Gutiérrez, miembros del consejo comunal, también denunciaron la falta de patrullaje y manifestaron su satisfacción por las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. "La Gobernación y la Alcaldía han descuidado no sólo la seguridad sino todos los servicios públicos. Ellos se ocupan sólo de las zonas de dinero y los centros comerciales, mientras aquí, por ejemplo, los niños no cuentan con parques infantiles públicos", dijo Gutiérrez.
González ratificó que el patrullaje es inexistente pese a que el gobierno municipal ha recibido unidades que, según comentó, ahora están en total abandono.
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