“En la Universidad Central de Venezuela (UCV) el problema no es el presupuesto ordinario, sino los ingresos propios, y eso sí es una caja negra”, advirtió, en entrevista con el Correo del Orinoco, el profesor miembro del Consejo Universitario de esta casa de estudios, Miguel Alfonzo.
El miércoles 29 de mayo Alfonzo presentó un conjunto de pruebas ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), sobre presuntos hechos de corrupción en la Fundación UCV (Funda-UCV).
Alfonzo indicó que esta fundación tiene cinco años sin rendir cuentas ante el Consejo Universitario, razón por la cual llevaron ante la AN el caso de 9 proyectos (2002-2008) emprendidos entre este organismo y la Facultad de Ciencias, a través del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), cuyos excedentes no fueron devueltos y presuntamente se le entregaron a la administración central.
EL VÍNCULO
De acuerdo con lo expuesto por Alfonzo en el Parlamento y lo contenido en el informe del IZET, la relación de trabajo entre este instituto y la fundación comenzó en 1998; la mayoría de los proyectos estaban enmarcados en el Convenio de Cooperación entra Pdvsa Petroleo y Gas S.A.
El informe contempla que “debido a la falta de manuales de procedimientos administrativos en la Fundación, se mantuvo tradicionalmente sobre acuerdos verbales que se caracterizaban por la presentación de proyectos de Investigación en áreas estratégicas para el país”.
En este sentido, “la Fundación para ejecutar cualquier proyecto abría una cuenta para el registro contable y dejaba la ejecución técnica y financiera bajo la estricta responsabilidad del coordinador del proyecto”, se explica en el informe.
Asimismo, se detalla que la Fundación cobraría un porcentaje, que en un principio se fijó en 5% del monto global del proyecto, y posteriormente fue modificado a 15% sobre la partida de honorarios profesionales prevista.
“Cuando el proyecto correspondiente quedaba culminado técnicamente y finalizaba la relación con el contratante, lo cual sólo podía ser determinado por el coordinador del mismo, el dinero remanente en cada una de las partidas presupuestadas estimadas permanecía en la cuenta abierta por la Fundación, con la finalidad de cubrir obligaciones que normalmente quedan pendientes, y el acto administrativo del pago que corresponde que es, precisamente, el acto denominado ‘finiquito’ para cancelar las cuentas abiertas por la Fundación y disponer del remanente que hubiese podido quedar”, se describe en el informe del IZET.
PRESUNTA IRREGULARIDAD
En su exposición de argumentos ante el Parlamento, Alfonzo explicó que la supuesta irregularidad comenzó en el año 2008, cuando Funda-UCV remitió un oficio al IZET para informarle que, por instrucciones de la Dirección de Administración y Finanzas de la UCV, se suspendían los pagos en nombre de la universidad pues había necesidad de revisar “las iniciativas que tendría que adoptar en el marco de la administración de los fondos de las Instituciones o Proyectos por cuenta de la UCV”.
De acuerdo con la cronología de hechos presentada en el informe del IZET, la institución solicitó varias veces por oficio al presidente de la fundación, Genaro Mosquera, “la transferencia a la Facultad de Ciencias, de dichos saldos una vez se realice el finiquito administrativo de los mismos”.
En dichos oficios, “se relacionan los saldos debidamente conciliados de cada uno de los nueve proyectos por un monto global de 1.035.856,29 bolívares”.
Sin embargo, no es sino hasta el 17 de mayo del año 2010 que se realiza una reunión de alto nivel en el Vicerrectorado Académico con la asistencia de las autoridades de la universidad; el decano de la Facultad de Ciencias, Ventura Echandía y la directora del IZET, Leidi Herrera, según se expone en el informe institucional.
“En dicha reunión se reconoció la deuda, se planteó la necesidad honrarla y los posibles mecanismos de
pago. Sin embargo, el presidente de la Fundación admitió que estos recursos tantas veces reclamados por el IZET habían sido transferidos al rectorado, por lo que recomendaba elevar la solicitud de pago a la ciudadana rectora”, se lee en los argumentos presentados en la AN por Alfonzo.
Ante la sucesión de los hechos, Alfonzo indica que el 30 de mayo del año 2012, como miembro del Consejo Universitario de la UCV, formuló la denuncia y logró que el cuerpo académico convocara a las partes involucradas para el 13 de junio de ese mismo año.
De acuerdo con lo expuesto por Alfonzo ante la AN, durante este derecho de palabra la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, informó “que los únicos excedentes entregados por la fundación a la administración central fueron 280 millones de la gestión de Gaspar de la Vega, y estaban previamente asignados para gastos específicos”.
Alfonzo explicó que el 20 de junio de 2012 el profesor Mosquera, en su derecho de palabra ante el Consejo Universitario, “logra convertirse de denunciado a denunciante” y que consigue la aprobación de la auditoría externa a los nueve proyectos mencionados. Además de “lograr convencer al Consejo de que los excedentes de los nueve proyectos fueron entregados como aportes a la UCV para al arreglo de los estadios”.
En respuesta a estos planteamientos presentados el miércoles pasado en la Comisión de Contraloría de la AN, el diputado Pedro Carreño informó que se procederá a una auditoría externa de la gestión de la Fundación UCV, y que se solicitará a la rectora el informe anual de gestión de la Fundación.
La investigación también contemplará una solicitud al Consejo Universitario de la copia certificada de los informes de gestión del profesor Mosquera; y la petición ante la Contraloría General de la República de la copia de los informes anuales de los ejercicios de 2007 a 2012.
“Pudiéramos estar en presencia de una distracción de fondos con un daño patrimonial de más de un millardo de bolívares y hay que determinar el impacto social. Serán citados el auditor interno de la UCV y el auditor interno de la Fundación UCV”, indicó Carreño en declaraciones publicadas en el portal de noticias de la Asamblea Nacional el pasado 29 de mayo.
GARCÍA AROCHA NO TIENE MIEDO
“Yo hasta que no tenga ninguna comisión oficial no voy a declarar; lo que sí te digo es que no tengo miedo y voy a defender y demostrar la honorable familia de la cual vengo, y la honorable e ilustre universidad a la cual dirijo”, declaró al Correo del Orinoco la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha,al ser consultada sobre el caso.
Destacó que hasta la fecha (viernes 31 de mayo) no había recibido ninguna información oficial, y que mientras no la tenga no se pronunciará al respecto. No obstante, ratificó que no se quedará de brazos cruzados: “El profesor que presuntamente llevó la comunicación formó parte de ese Consejo, y el rectorado le demostró que ese dinero jamás entró a la universidad; es más: ni siquiera fue mi gestión. Sin embargo, la universidad es una sola, así que hagan las averiguaciones, y que hagan otras a las que verdaderamente se han hecho oídos sordos”.
Aclaró que ella no forma parte de la dirección de la Fundación UCV, ni posee potestad en la toma de decisiones de ese organismo: “De tal manera que si alguna persona tiene algunas presuntas pruebas de algo que quiera revisar, bueno, que vaya a la instancia que corresponde y ahí le darán la oportunidad de defensa a la fundación y la fundación explicará lo que presuntamente ellos están expresando”.
CONTRALORÍA ESTUDIANTIL
Sin embargo, las dudas sobre los manejos internos del presupuesto de la UCV también han sido manifestadas por alumnas y alumnos, quienes han solicitado contralorías estudiantiles y también han presentado sus denuncias ante la AN.
Silvestre Montilla, estudiante de la escuela de filosofía y miembro del Frente Cultural de Izquierda, cuestionó los lapsos para rendición de cuentas de la casa de estudios, sobretodo en cuanto a ingresos propios. Pero además considera que el problema no es solo de presupuesto: “Creemos es de modelo y de cómo funciona la democracia aquí”.
Aseguró que las y los estudiantes siempre han solicitado contraloría estudiantil, pero el argumento de las autoridades siempre termina en que el Estado no ha aumentado el presupuesto en los últimos años.
“Nosotros también estaríamos dispuestos a luchar por un presupuesto justo, pero queremos saber que se hace con el que existe”, indicó el joven estudiante, quien además consideró que la UCV debe estar en consonancia con el proyecto democrático elegido en el país.
“Queremos que se permita una administración participativa y eficiente de ese presupuesto, y para eso hace falta que toda la comunidad universitaria lo conozca, y no que sea un secreto únicamente reducido a cifras, porque bien sabemos que las ciencias estadísticas permiten encerrar y maquillar muchos elementos”, acotó Montilla.
Por otra parte, el pasado 8 de mayo un grupo de estudiantes de la UCV, liderados por el estudiante Kevin Ávila, también consignaron una denuncia ante Comisión de Contraloría por la presunta venta de cupos por parte de la rectora de esta casa de estudios.
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