Además del voto por los candidatos presidenciales, los estadounidenses deberán decidir sobre iniciativas estatales entre las que destacan la aceptación del matrimonio entre homosexuales en cuatro estados y el permitir a universitarios el derecho a pagar aranceles académicos.
En cuatro estados las personas fijarán su postura frente al matrimonio entre personas del mismo sexo, tema que ha marcado la campaña presidencial ya que mientras el candidato republicano Mitt Romney se opone, el demócrata Barack Obama se declaró a favor en un discurso público en mayo pasado.
Las iniciativas presentadas en el pasado para lograr el reconocimiento del matrimonio homosexual en distintos estados resultaron en fracasos y hasta el momento ningún territorio estadounidense ha aprobado la unión a través del voto popular.
“¿Quiere usted habilitar al estado de Maine (noreste) para emitir licencias de matrimonio a personas del mismo sexo?”, es la pregunta que responderán los electores en esta entidad. De ganar el “si”, el Gobierno de Maine se convertiría en el primero en legalizar el casamiento.
Entre tanto, en Washington (la capital) y Maryland (noreste) los ciudadanos se pronunciarán sobre si deben mantenerse las leyes aprobadas recientemente por las respectivas legislaturas estatales para extender los derechos matrimoniales a personas del igual sexo.
En tanto, en Minesota (centro-norte) votará una posible enmienda constitucional para definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, prohibiendo los de personas homosexuales desde la Constitución estatal.
Como parte de otras medidas estatales, en Maryland, territorio donde la población hispana ha crecido más del doble en la última década, los electores decidirán si otorgan a los universitarios indocumentados el derecho a pagar aranceles académicos similares a los de sus compañeros estadounidenses.
De obtener los votos necesarios, beneficiaría a jóvenes sin documentos que quieran acceder a la educación superior, si han asistido a escuelas locales por tres años y pueden demostrar que sus padres o guardianes pagan impuestos.
Según los impulsores de la medida, aliviaría parte de la carga financiera a la que se enfrentan: los aranceles anuales son de unos siete mil dólares para estudiantes del estado y más de 25 mil para los de afuera, entre quienes se cuentan los sin papeles.
Entre las iniciativas también destaca la que pone en disputa la propiedad del Gran Cañón del Colorado y la pregunta será si “¿debe ser un bien de todos los estadounidenses o sólo de los residentes en este estado”.
La propuesta, apoyada por un legislador republicano, quiere lograr el control soberano sobre millones de hectáreas de propiedad federal, entre las que se cuenta el turístico parque natural.
En otros cuatro estados lo que está en juego es la suerte de la fauna: se votarán iniciativas que buscan proteger el derecho a cazar y pescar, en una disputa que enfrenta a asociaciones deportivas con grupos defensores de los derechos de los animales.
TeleSur/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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