Emiliano Terán: PELIGROS EN EL ARCO MINERO (+Video Plan Caura 2010)

Reflexión: "¿Qué pasó con el Plan Caura? ¿Por qué la situación de la minería ilegal empeora en los últimos cinco años en la Guayana venezolana? Muchas reflexiones se desprenden de estos procesos, que tienen que ver con gobernanzas territoriales y la geopolítica del estado Bolívar y la Amazonía." Al final insertamos un video del año 2010 donde se observaba lo que fue uno de los afluentes del Caroní-Guri, el río Supamo; y a continuación el artículo del profesor Emiliano Terán.

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica

Por: Emiliano Terán Mantovani*

En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

La situación que vivimos en la actualidad no es solo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.

Como respuesta a esta crisis, el Gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no solo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una relectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no solo las nefastas consecuencias que este megaproyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia.


Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no solo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema abierto muy complejo.

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el Gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socioecológico que este conllevará.

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA solo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica. ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería este un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera.

Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis del Guri se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela.

Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removidos para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Como ejemplo, es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo de electrodomésticos y otros aparatos vinculados al american way of life, se produce una paradoja en términos de “bienestar” e insostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social, y de domesticación de la población, a este tipo de consumos.

Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (aproximadamente una tercera parte del total).

El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no solo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para sostener el argumento de la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

Nosotros planteamos aquí el análisis no solo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no solo afectarían la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Por citar un ejemplo, el déficit energético ha sido analizado en Venezuela, en buena medida, a partir de las fallas en la capacidad instalada, o bien por el fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní, producto, entre otras cosas, de procesos de deforestación en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el Guri, y por tanto para la vida en las ciudades y el sector industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centro del sistema global, o bien que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del Gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: “el impulso a las exportaciones” (no solo minería, sino gas y pesca). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no solo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de baja, recesión o depresión, el capital buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse doónde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años (la importancia de una auditoría de todas las cuentas públicas).

No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza?, ¿a la luz de esta crisis, qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas?, ¿qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar?, ¿para qué será usado?, ¿qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo?, ¿qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada?, y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al american way of life sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no solo se reivindique un ideal abstracto deseable, sino también referentes que se adecúen a la crisis ambiental global. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos y, por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.

*Emiliano Terán Mantovani es Profesor sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.



15 y último / Escuela Bolivariana del Poder Popular
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5 claves del Golpe contra Dilma Rousseff

Como estaba previsto, el Senado de Brasil ha aprobado el inicio del juicio político a la presidenta del país, Dilma Rousseff. De este modo, la mandataria ha sido suspendida por 180 días, durante los que se llevará a cabo el proceso que definirá si se la destituye del cargo de manera definitiva.

Esta historia comenzó cuando Rousseff triunfó en las elecciones presidenciales de 2014.

1. La derecha que no pensaba perder

Cuando ese año el Partido de los Trabajadores (PT) ganó en la segunda vuelta electoral, la derecha latinoamericana sufrió una decepción porque su candidato, Aécio Neves, quedó a las puertas de presidir el país más importante de Sudamérica. En ese momento se comenzó a planificar el golpe de Estado.

Con el inicio de 2015 los grandes grupos empresariales —con el apoyo de muchos medios de comunicación— empezaron a presionar al Gobierno para que realizara ajustes. Estos cambios se produjeron a mediados de año, cuando el Ejecutivo realizó fuertes recortes en planes sociales.

Esa situación dañó gravemente la reputación de la presidenta, cuya valoración descendió hasta el 8 %. A partir de entonces cobró fuerza la idea del juicio político para que lograran, mediante maniobras en diferentes ámbitos, lo que las urnas les habían negado: llegar al poder.

2. El 'impeachment': un proceso legal, pero ilegítimo

Durante el año pasado el escándalo conocido como Lava Jato, que incluyó crímenes de corrupción y lavado de dinero en relación con el cobro de sobornos a contratistas de la firma estatal Petrobras, ocupó las tapas de los diarios brasileños. Mientras que muchos políticos de todos los partidosestuvieron implicados en la causa, Rousseff quedó al margen.

Los grupos opositores tuvieron que buscar otro argumento para tratar de destituirla, así que decidieron acusarla de una presunta manipulación del déficit fiscal de 2014. El caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas brasileño, que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.

El economista Pablo Wahren explica que "el Estado brasileño gastó más de lo que tenía presupuestado" y decidió emplear "un mecanismo conocido como 'pedalada fiscal', que implica endeudarse con bancos para financiar" ese dispendio adicional.

A lo largo de los años, varios gobernadores de todos los partidos políticos han utilizado este recurso; sin embargo, solo se intenta destituir por ello a la presidenta Rousseff, como explica en un video el Colectivo Audiovisual por la Democracia de Sao Paulo. Para lograrlo, han recurrido a una herramienta (el 'impeachment') que es legal pero, en este caso, no resulta legítima.


3. Los políticos detrás del golpe

El proceso comenzó de manera formal en octubre de 2015. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Eduardo Cunha,autorizó la solicitud, aunque poco después el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló temporalmente el procedimiento. Este marzo, ha recobrado fuerza tras la detención del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, hasta que el 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el inicio del juicio político, que este miércoles ha terminado de concretar el Senado.

Detrás de la figura de Cunha, que emergió como uno de los políticos más comprometidos con la destitución de Rousseff, se encuentran unos diputados que representan a distintos sectores de la derecha brasileña: la bancada Buey, Biblia y Bala (BBB), integrada por el Frente Parlamentario Agropecuario (Buey), el Frente Parlamentario Evangélico (Biblia) y el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (Bala).

Estos bloques tuvieron un rol central en la votación de la Cámara Baja. Según el portal Brasil de Fato, "entre los religiosos, la votación fue 163 a 24 (una proporción de 6,7 a 1) a favor del 'impeachment', mientras que entre los defensores de las balas fue de 245 a 47 (5,2 a 1). La media general de los sufragios fue de 2,6 votos a favor del 'sí', por uno en contra".

4. Los medios detrás del golpe

Además de los partidos políticos, que son la cara visible del golpe, también operan a favor de la destitución distintos actores de la sociedad civil. En este sentido, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental.

Reporteros sin Fronteras indica que el 90 % de los medios de comunicación de Brasil están en manos de siete familias. Tanto en el espectro audiovisual como en los medios gráficos el grupo Globo se coloca en primer lugar, ya que copa alrededor de un 40 % del mercado.

Por su parte, el portal Manchetômetro ha analizado cómo han valorado a cada partido los principales periódicos del país en las últimas 12 semanas. Allí, se pueden observar la cantidad de titulares negativos que han publicado sobre el PT y el Gobierno de Dilma Rousseff.


5. Cómo sigue el proceso

Tras la votación del Senado, asumirá la presidencia del país Michel Temer, el vicepresidente, quien también apoyó el golpe. Por su parte, Dilma Rousseff deberá presentar su defensa ante el Senado que, tras recoger las pruebas que presenten todas las partes, resolverá si destituye definitivamente a la mandataria en una sesión especial presidida por la máxima figura del STF.

Para tomar esta medida deberá contar con el respaldo de dos terceras partes (54 votos) de los 81 senadores. En ese caso, Temer deberá finalizar el mandato —que termina en 2018—, aunque su tarea no será sencilla por la enorme resistencia popular que se ha manifestado contra este golpe de Estado y en defensa de la democracia.

Santiago Mayor/rt

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HAY VÍNCULOS ENTRE PARACOS-ACCIÓN DEMOCRÁTICA-VP

Rodríguez Chacín: Encontramos vinculación de bandas paramilitares con Voluntad Popular y AD



Durante un contacto telefónico transmitido este martes por Venezolana de Televisión (VTV), el gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, ofreció más detalles acerca del asesinato de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure” y aseguró que la banda que lideraba este delincuente estaba ligada al paramilitarismo.

“Tenían armas largas, usaban explosivos, inclusive armas muy sofisticadas que le hemos podido incautar en todo este tiempo”, agregó el mandatario regional, al tiempo que destacó que se han encontrado evidencias de articulaciones de las bandas que operan en el país con grupos de extrema derecha.

“Hemos encontrado vinculaciones de estas bandas de paramilitares con Voluntad Popular , inequívocas, inclusive hay expedientes abiertos contra un alcalde del estado Guárico, específicamente el alcalde del municipio Chaguaramas, de quien se dice que le vendió armas, y ese expediente está en la Fiscalía General de la República con pruebas, hay también vinculaciones con Acción Democrática”, precisó.

En este sentido, señaló que los dirigentes de derecha que se encuentran en cargos públicos, como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, “mal pueden luchar contra estas bandas que manejan operaciones continuas”.

En relación al operativo que permitió dar con “El Picure”, resaltó el esfuerzo y trabajo realizado por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el estado.

“Hemos llevado nuestra OLP con una particularidad, basándonos en trabajos de inteligencia, sin hacer grandes despliegues de funcionarios sino trabajando con nuestros mecanismos electrónicos e inteligencia humana”, explicó.

Gobierno desenmascara grupos paramilitares ligados a la derecha

La derecha venezolana desde la llegada de la Revolución ha tratado de imponer un sistema de criminalidad adoptado desde Colombia, para llegar al poder con el financiamiento de grupos paramilitares encargados de promover en el país factores desestabilizadores como el robo, secuestro y homicidios en zonas populares. 

Han pretendido aplicar el sicariato de menos a mayor escala en los últimos tiempos, acciones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro.

Crímenes como el de Adriana Urquiola y el asesinato del diputado Robert Serra guardan relación con la oposición.

El Presidente venezolano a través de Operativos de Liberación del Pueblo ha determinado que se erradicara en el territorio nacional cualquier acto delictivo que arremeta en contra de la paz de los venezolanos.

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