Se cumplen 15 años del Golpe de Estado contra el presidente Chávez y el pueblo venezolano
Caracas, 11 de abril 2017.
- Hace 15 años, específicamente el 11 de abril de 2002, la derecha venezolana desató una serie de enfrentamientos para exigir la renuncia del Presidente Constitucional Hugo Chávez, e ir en contra de los decretos dictados para el fortalecimiento del pueblo.
Un sector de la cúpula empresarial y comercial se reveló y comenzó a caldear las calles del país, oponiéndose frontalmente contra un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una ley habilitante creada por el Presidente, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilitaba la lucha en contra del latifundio, así como la Ley de Hidrocarburos que permitía el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera, entre otras.
El 13 de noviembre de 2001 circuló en Venezuela la Gaceta Oficial No. 37.076, en la que se decretaron 49 leyes con las que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, continuaría profundizando un modelo democrático, de inclusión, justicia social y desarrollo nacional.
Impulsado por la necesidad de otorgarle poder al pueblo venezolano y hacerlo protagonista del rumbo de la patria, Chávez mediante su segunda Ley Habilitante fortaleció el ámbito financiero, económico, social, de infraestructura, transporte, seguridad ciudadana, ciencia y tecnología del país.
En ese entonces el Primer Mandatario en cadena nacional también tomaría acciones para buscar la meritocracia en Petróleos de Venezuela “los méritos son una cosa y la manipulación de esa élite para adueñarse de una empresa que es de todos nosotros, es otra cosa” sentenció.
Por lo tanto anunció la remoción de cargos en la directiva de PDVSA, desencadenando así una serie de hechos violentos comandados por la naturaleza fascista y sectores antidemocráticos para atacar el sistema que favorecía a todo el pueblo venezolano.
De esta forma, el 6 de marzo la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga, firman un documento titulado "bases para un acuerdo democrático", con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en el que exigían al gobierno cambiar su gabinete económico, y que abandonara el sectarismo político.
El presidente Chávez se negó a las exigencias de los empresarios, sindicatos y partidos de oposición de retirar el paquete legislativo, por lo que crearon alianzas fácticas para confabular un paro indefinido el 9 de abril, que dos días más tarde se convertiría en Golpe de Estado.
Entre las conspiraciones, se encontraban la jerarquía eclesiástica, empresarios y dueños de comercios, así como la burguesía agraria, quienes vieron en riesgo sus privilegios de clase dominante dueña de las tierras del país y la renta proveniente de las enormes riquezas petroleras.
La gesta conspiratoria de los medios privados
Los medios de comunicación privados asumieron en abril de 2002 el papel de los partidos políticos de la derecha y dirigieron el golpe de estado hace 15 años, anunciando la caída del Comandante Chávez con grandes titulares, impulsados además por medios extranjeros.
De esta forma jugaron un rol determinante antes, durante y después de la acción anticonstitucional, al crear una ola de violencia y de desinformación, con la que se montó una matriz mediática internacional contra el Gobierno del Presidente, acusándolo de represor y violador de los derechos humanos de la población.
Con ese eje central de informaciones tergiversadas buscaron articular acciones en contra del gobierno con una persecución social por parte de medios privados como Unión Radio, RCR, El Nacional, El Universal, El Nuevo País, Venevisión, RCTV, Televén y Globovisión.
Las empresas de comunicación gestaron por medio de entrevistas planificadas, la vocería oficial que ejecutó el golpe de Estado, donde un grupo de militares como el Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el General de División Efraín Vásquez Velasco, General de Brigada Pedro Pereira Olivares y el Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta harían lo posible para que se atentara contra el pueblo.
En este sentido, ese día se vería una de las acciones más nefastas durante el fallido golpe, por el periódico “El Nacional”, que exhortó irresponsablemente al pueblo a una “Batalla Final” en su edición N° 21.050, bajo la consigna “ni un paso atrás”.
Ese día los partidarios de la oposición convocaron una protesta en Chuao, donde el Contralmirante retirado Molina Tamayo, haría un llamado para que la derecha apátrida se dirigiera a las inmediaciones de Miraflores, con el objetivo de encontrarse con la manifestación popular que llevaba tres días en los alrededores del palacio en apoyo al proceso de cambio y en rechazo al paro cívico comandado por la patronal Fedecámaras y la CTV.
Advertidos por la Alcaldía Mayor, tenían conocimiento que el paso era hasta Chuao, pero el contralmirante decidió romper con los cordones de la Policía Metropolitana, la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo el curso de un rumbo sangriento escudado bajo la consigna “Ni un paso atrás”.
De este modo, se produjeron los primeros hechos de violencia con disparos a dos manifestantes a quemarropa, y con las pretensiones de callar lo que había pasado entre sus manifestantes, los medios privados omitieron los hechos.
Luego de que se avistaran las pugnas, a las 4:01 pm se iniciaron abiertamente los disparos al mando del comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas hacia Puente Llaguno.
El mayor número de heridos se produjo en la avenida Baralt: 51 casos en total; 20 de estas víctimas se registraron entre las esquinas de Llaguno y Piñango y en la parte norte de la avenida, donde se concentraban los afectos al gobierno. En la parte sur, donde se ubicaban las personas provenientes de Chuao, se registraron 16 personas entre heridos y lesionados. Estos hechos ocurrieron entre la 1:30 de la tarde y las 9:00 de la noche aproximadamente.
En un informe la Defensoría del Pueblo, sobre los sucesos del 11 de Abril de 2002, indica que hay una diferencia de tres puntos álgidos de confrontación, que involucran la actuación de civiles y cuerpos de seguridad del Estado, así como la acción de tiradores encubiertos o francotiradores como ocurrió en el cuarto punto, cerca del Palacio de Miraflores, donde no hubo enfrentamientos, pero se registraron tres víctimas fatales.
El 11-A hubo un golpe a la esperanza del pueblo bolivariano por varias horas, en las que se vería atacado por Fedecámaras, CTV, medios de comunicación privados, trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en coalición con la Coordinadora Democrática, así como la jerarquía de la iglesia eclesiástica, que confabularon en el intento de derrocamiento del Presidente Hugo Chávez.
Se cumplen 15 años de estos hechos.
Aporrea / Escuela
Bolivariana del Poder Popular
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