Nuevamente el profesor Luis Salas Rodríguez coloca un punto sobre la i cuando analiza "El difícil arte de estimular al empresariado venezolano". Así volvemos a nuestros #DebatesParaAvanzar
En Venezuela, toda esta situación anómala que se atraviesa a nivel económico comenzó –según algunos sectores de oposición– por cuatro razones: 1) el atraso cambiario causado por el control de cambio, 2) la no asignación de divisas a los sectores productivos (por llamarlos de alguna manera), 3) el rezago de precios causado por el control de precios y 4) el exceso de demanda provocado por el “populismo salarial chavista”, esa práctica perversa de “poner a la gente a vivir por encima de sus posibilidades reales”.Estos fueron los argumentos esgrimidos a principios de 2013. Aunque el tema ya se venía cocinando desde 2012 en el marco de las presidenciales de octubre de ese año.
En ese año 2012, el tipo de cambio usado para prácticamente la totalidad de las importaciones estaba fijado en 4,30 bolívares por dólar. Hoy día, cuatro años después, si tomamos como referencia el DIPRO (tipo de cambio protegido),destinado a la mayoría de las importaciones sobre todo las esenciales(alimentos y medicinas), su valor está en Bs. 10 por dólar. Es decir, el tipo de cambio se ha devaluado en el principal de sus tramos un 130%.
Pero si tomamos en cuenta el DICOM (tipo de cambio complementario), cuyo valor actual es de Bs. 660 por dólar, eso nos deja una devaluación mucho más elevada. Y si nos vamos al paralelo (que pese a ser ilegal, resulta el favorito de los comerciantes y los expertos económicos a la hora de determinar el tipo de cambio “real” así como para marcar los precios relativos internos) lo tenemos redondeándolo a Bs. 1.000 por dólar, eso quiere decir que los comerciantes especuladores han operado una devaluación por la vía de facto de más de 23 mil por ciento.
En lo concerniente al segundo punto identificado, es decir, a la asignación de divisas, hay que tener en cuenta que el discurso de una parte del empresariado argumentan que no producen debido a que no cuentan con las divisas necesarias para importar los insumos productivos. Merece aquí la pena mencionar a la mayor empresa privada de producción de alimentos en Venezuela (Alimentos Polar), que a pesar de haber recibido en el año 2014 un 367% más de divisas que las que recibió entre 2004 y 2011, ha sido una de las principales voceras de la supuesta escasez en la asignación de divisas. Alimentos Polar recibió en un solo año tres punto seis veces más que en ocho anteriores. Otro caso paradigmático lo tenemos con la transnacional Kimberley-Clark (que abandonó el país aduciendo no contar con recursos para la materia prima importada)que recibió en el año 2014, 958% más de divisas que en los años anteriores. Esto se puede trasladar a las principales empresas que operan en el país, incluyendo a las farmacéuticas. No disponemos de cifras más recientes. Pero por más que haya disminuido la asignación en el último año, está claro que el Estado ha venido asignando divisas. Además,teniendo en cuenta que en el mundo hay más bien un problema de deflación y no de inflación, lo lógico es que las empresas tuvieran excedentes y no déficit de divisas.
Con respecto al tercer argumento identificado, el del supuesto rezago de los precios, la cuenta es más escalofriante aún[1]. Dentro de los 12 productos regulados (cuyo precio es fijado por el Estado) en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el promedio de ajuste autorizado por la SUNDDE(Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela) ha sido de 1.504%, entre 2012 y lo que va de 2016. Sin embargo, cuando se toman en cuenta los precios observados en anaqueles (precios no oficiales ajustados ilegalmente por los productores y comerciantes vía desacato), la variación asciende a 17 mil % en el mismo lapso.
El ajuste especulativo para los restantes 8 productos que forman la CBA y que no están regulados por el gobierno (es decir, se rigen por la “ley” de oferta y demanda), gira en torno al 11 mil %, lo que hace un promedio aproximado de ajuste de la CBA de 14 mil % entre 2012 y 2016. Destaca el caso de la mortadela, un producto cuyo precio no está regulado: antes, una cenicienta de la mesa y ahora toda una princesa gracias a la magia de los especuladores, el kilo hoy vale 27 mil % más que en 2012.
En el mismo lapso temporal y ya centrándonos en el último argumento empresarial, el ingreso mínimo legal se ajustó en 1450%, lo que más allá de la innegable voluntad del gobierno de defender el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora, supone cierto rezago –esta vez cierto– entre salarios y precios por causa de la ferocidad especulativa. Naturalmente, tal rezago salarial no solo ha provocado la eliminación de cualquier “exceso” de demanda que pudiera haber existido (lo que sin duda es otro debate). Sino además,implica un profundo abaratamiento de la mano de obra y la reducción de los costos empresariales.
Ahora bien, si a esto le sumamos que el Estado lanzó durante este año varias políticas de estímulo productivo que incluyen, por ejemplo, además de la devaluación profunda en el tramo DICOM para atraer y repatriar inversiones, reformas en los convenios cambiarios que implican que la mayoría de las divisas derivadas de las exportaciones privadas ya no deben ser aportadas al Banco Central, líneas para créditos de la banca pública en condiciones preferenciales y flexibilización en materia arancelaria y fiscal (siendo que Venezuela, según la propia CEPAL, tiene de por sí una de las presiones fiscales más baja de todo el continente), surge entonces la interrogante de por qué nada de esto se traduce en un fin de la escasez de productos. Y más bien, se le plantea ahora el gobierno central la necesidad de iniciar un plan especial de abastecimiento recurriendo a importaciones.
Cualquiera diría que es muy poco el tiempo y que por más que sea, se necesitan más que unos pocos meses para ver los resultados. Sin embargo, cuando consideramos que las tasas de inversión privada se han mantenido estancadas hacia abajo en al menos tres décadas, incluso mediando durante este tiempo sendos paquetes de medidas acordadas con el FMI (1989 y 1996) y el período de crecimiento económico más prolongado (2003-2012, con la breve interrupción de 2008 por la crisis financiera mundial), se termina pensando que tal vez el problema es que los empresarios venezolanos son muy exigentes, y que todas esas medidas que en otro país serían más que suficientes por sí solas, a ellos no les satisfacen ni tan siquiera cuando vienen juntas. Eso, o que son unos incapaces. Eso, o que lo que están haciendo es conspirando contra el pueblo venezolano.
[1] Los datos expresados sobre la variación de los precios han sido obtenidos a partir del levantamiento interdiario realizado en la ciudad de Caracas por el Centro de Estudios de Economía Política de la UBV. No son datos oficiales ni constituyen elementos para establecer INPC. Toma precios existentes en locales privados* Luis Salas es investigador de la Unidad de Debates Económicos de CELAG
Rebelión-CELAG / Escuela Bolivariana del Poder Popular
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