El Gobierno de España anuncio que otorgaran "protección jurídica máxima y única" al rey saliente Juan Carlos I
13 Jun. 2014
El Gobierno de España ha desestimado las continúas protestas que se han intensificado en el país contra la monarquía y ha anunciado que tiene previsto otorgar al rey saliente Juan Carlos I una "protección jurídica máxima y única" ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar en su contra cuando deje de ser jefe del Estado y pierda, por tanto, su inviolabilidad jurídica.
De acuerdo con Telesur, la prensa española reseña que este "fuero total" obligará a que se instruya cualquier causa, sea civil o penal, contra Juan Carlos de Borbón, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo de la Nación, máximo órgano judicial.
Actualmente, las máximas autoridades del Estado poseen una protección jurídica especial y cualquier demanda civil contra ellos, en el ejercicio de su cargo, es instruida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Igualmente, cualquier querella penal es competencia de la Sala de lo Penal del mismo Tribunal.
Por tanto, el Gobierno del presidente Mariano Rajoy ampliará esa inmunidad en el Rey, para demandas civiles por hechos cometidos fuera del ejercicio de su cargo.
Meses atrás, agrega la nota, dos juezas de Madrid rechazaron admitir unas demandas de paternidad contra Juan Carlos, por hechos supuestamente ocurridos cuando todavía no era Rey, acogiéndose a que el monarca, según establece la Constitución, "no está sujeto a responsabilidad".
En ese entonces, las juezas argumentaron que la inviolabilidad del Rey "implica la imposibilidad, no sólo de exigir responsabilidad penal, sino también de dirigir contra el monarca acciones ante la jurisdicción civil".
En caso de no poseer esa "protección máxima jurídica", al abdicar Juan Carlos y ser proclamado su hijo Felipe de Borbón como nuevo rey, esas demandas civiles en su contra podrían tramitarse en juzgados ordinarios.
Existen dos fórmulas rápidas para lograr dar ese fuero total al rey saliente. La primera es con una reforma parcial de la vigente Ley del Poder Judicial, específicamente un sólo artículo. En tanto, la segunda es redactando un proyecto de Ley Orgánica de muy pocos artículos y sólo para el aforamiento, una vía que ya asomó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el último Consejo de Ministros.
Durante el reinado de Juan Carlos, la familia real no ha gozado de protección jurídica especial, hasta el punto de que la infanta Cristina, hija del rey, está imputada en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por el caso Nóos, también conocido como caso Urdangarín (por su esposo Iñaki Urdangarín) o como Operación Babel, por presunta corrupción política. Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
(AVN)/APORREA/ Escuela Bolivariana del Poder Popular
@Prensa_ebpp
@Prensa_ebpp
No hay comentarios:
Publicar un comentario