DEFAULT NO TIENE VENEZUELA

Hausmann y Santos no argumentan la posición de solvencia del país

 VENEZUELA NO HARÁ DEFAULT 

 los tenedores de bonos  mantienen decisión de continuar gravando a las clases medias y trabajadoras a través de la inflación mientras  regalan dólares ."Francisco Rodríguez

ASPIRAN COMPLICAR COMUNICACIONALMENTE A VENEZUELA EN LO QUE LE QUIEREN HACER A ARGENTINA PERO EN LOS DOS CASOS HAN FRACASADO

En un artículo provocativo publicado la semana pasada por Project Syndicate, “¿Debería Venezuela hacer default?”, los economistas venezolanos Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos presentan un argumento interesante. Venezuela, nos dicen, no puede cumplir con todas sus obligaciones y ya está incumpliendo con algunas de ellas. Si las autoridades adoptasen un conjunto de políticas diseñadas sobre la base del sentido común, argumentan, éstas incluirían entrar en default sobre la deuda externa para que los tenedores de bonos llevasen parte de los costos del ajuste. 

El default, anglicismo utilizado para referirse al incumplimiento de pagos sobre las obligaciones de un país, es el equivalente en economía de una intervención quirúrgica mayor: un procedimiento agresivo con altos riesgos y efectos secundarios que sólo se justifica en el caso en que sea indispensable para restaurar la salud de una economía. El incumplimiento de pagos sólo tiene sentido cuando un país es insolvente. Si los activos y flujos de ingresos de un país no le permiten seguir pagando sus deudas, se puede hacer un buen argumento de que no debería pagarle a algunos de sus acreedores a expensas de otros. 

El problema es que es muy difícil hacer el caso de que Venezuela es insolvente. En investigaciones hechas en Bank of America, hemos estimado el valor de los pasivos externos netos de Venezuela después de descontar activos externos ilíquidos tales como las cuentas por cobrar a socios de Petrocaribe. Concluimos que la posición deudora neta del sector público – el resultado de sustraer sus activos externos de sus pasivos externos – no es mayor al 3.5% del PIB. Tampoco encontramos evidencia de que estos pasivos estén aumentando a través del tiempo ni que los activos externos del gobierno estén cayendo, excepto por el efecto que ha tenido la caída de los precios internacionales del oro sobre las reservas del banco central. 

Nuestra diferencia con Hausmann y Santos viene del hecho de que ellos no construyen su argumento en base a una evaluación de la posición de solvencia del país. Por el contrario, infieren esa posición de solvencia de la inhabilidad del estado para satisfacer la demanda de la población por bienes importados. Si el gobierno ya está incumpliendo con su obligación de proveer medicinas a los venezolanos, argumentan, entonces también debería – aun si sólo en virtud del balance moral – entrar en incumplimiento de pagos con los tenedores de bonos. 

La debilidad en este argumento proviene de la idea de que el fenómeno de escasez tiene algo que ver con la solvencia. El hecho de que la gente no pueda comprar todos los dólares o bienes importados que quieren al precio actual no nos dice nada sobre cuántos dólares el gobierno tiene. Simplemente nos dice que el gobierno está vendiendo esos dólares a un precio demasiado barato. 

Imaginémonos por un momento que un banco central – cualquier banco central – decidiese poner un cartel en su perta que dijese “vendemos billetes de $10 por $1”. A medida que se corre la voz del Gran Remate de Dólares, una multitud comienza a agolparse a sus puertas. Mientras hacen todo lo posible por satisfacer la demanda de la gente por dólares, la gerencia del banco comienza a explorar soluciones. Tal vez deberían vender algunas de esas estaciones de gasolina que compraron hace algunos años. Tal vez deberían instalar un sistema de identificación biométrico para controlar la entrada al banco. Tal vez deberían dejar de hacer sus pagos de deuda externa. 

Ninguna de estas soluciones tiene sentido, porque el problema no es que no hay suficientes dólares. El problema es que el gobierno está regalando dólares. No importa cuántos dólares se le dan al banco central, no serán suficientes para alimentar la demanda. La única forma de resolver el problema es cambiar el precio de billetes de $10…a $10. 

¿Y qué de todas aquellas personas que pasaron días y noches a las puertas del banco central? ¿No está el gobierno incumpliendo la obligación que tiene con ellos al no venderles los dólares a los que les llevó a creer que tenían derecho? 

Juzgado por ese criterio, cualquier político que haya roto una promesa ha entrado en incumplimiento de pagos. Las sociedades modernas reconocen que aplicarle tal limitante a los gobernantes electos acabaría por paralizar la administración pública. Esa es la razón por la que requerimos que nuestros funcionarios electos cumplan con la ley y con los contratos que han suscrito explícitamente. En el caso de los atrasos en liquidaciones de divisas, la ley y jurisprudencia venezolanas son extremadamente claras: el gobierno tiene una obligación de proveer acceso a divisas a aquellos con los que se comprometió a hacerlo, pero lo puede hacer al tipo de cambio vigente en el momento de la liquidación. En otras palabras el estado tiene le obligación de venderle dólares a quienes se lo haya prometido, pero no tiene la obligación de regalárselos. 

Venezuela no necesita entrar en incumplimiento de pagos. Necesita comenzar a cobrar un precio realista por sus divisas. Y necesita hacer lo mismo con los otros bienes y servicios – tales como la gasolina y la electricidad – que vende por precios cercanos a cero. Si Venezuela cobrase un precio razonable por sus divisas, recortaría su déficit presupuestario (que alcanzó 17,2% del PIB el año pasado) en 10 puntos del PIB; si eliminase el subsidio a la gasolina lo reduciría por otros 7 puntos. Entrar en incumplimiento de pagos sobre los bonos de deuda externa, por el contrario, le liberaría recursos por a lo sumo 1.5 puntos del PIB. 

Pero, ¿no serían tales ajustes costosos para los venezolanos, causando incrementos de precios y caídas en niveles de vida? No. Por supuesto que los venezolanos pagarían más por los bienes importados y la gasolina. Pero ya no se les estarían confiscando una porción de su riqueza todos los años a través de la inflación. Hoy el Gran Remate de Dólares está siendo pagado por la mayoría de los venezolanos a través de un nocivo impuesto sobre sus tenencias de moneda local llamado inflación. Poner los precios relativos a su nivel correcto eliminaría esto. 

Ésta, en resumen, es la esencia del problema en un país que ha llevado a cabo un ajuste externo pero no ha logrado ajustar sus precios internos relativos. Como un todo, la economía no está consumiendo en exceso. Simplemente está utilizando un impuesto altamente ineficiente y distorsionante llamado inflación para transferir riqueza de unos grupos de la población a otros. Si queremos buscar una contradicción moral en la estrategia económica del gobierno, no está en que le esté dando preferencia a los tenedores de bonos sobre los venezolanos. Está en su inexplicable decisión de continuar gravando a las clases medias y trabajadoras a través de la inflación mientras le regala dólares baratos a los importadores y buscadores de rentas. 

* Francisco Rodriguez es Economista Jefe para la Región Andina de Bank of America Merrill Lynch. 

Traducción de la versión original en inglés de Financial Times

Financial Times-Rebelión / Escuela Bolivariana del Poder Popular

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