Monopolio mediático esconde la violencia promovida por Capriles


Las empresas privadas de comunicación nacionales e internacionales mantienen una cruzada mediática para intentar ocultar la escalada de violencia promovida por el representante de la derecha local, Henrique Capriles, tras su derrota el pasado domingo en las presidenciales.

Una vez más, los diarios ABC, El País (España), Nuevo Herald (EE.UU) y Clarín (Argentina) apostaron por responsabilizar al presidente proclamado, Nicolás Maduro, por los ocho asesinatos de militantes del proceso revolucionario, perpetrados desde que Capriles desconoció los resultados electorales. 

La matriz mediática trata de imponer un país victima de la ingobernabilidad, en la que ambos bandos se atacan entre sí, y deja de lado el llamado de la derecha que desató los ataques contra los CDI, casas del Psuv y el asedio a dirigentes populares. 

El empresario Capriles escribió en su cuenta twitter “grupos oficialistas intentan generar un clima de violencia, portando vestimenta y materiales alusivos a la oposición”, luego de que dijera en rueda de prensa que “el gobierno se auto hace cosas”.

Esta línea ha sido adoptada por las puntas de lanza del imperialismo y el diario el Nuevo Herald, tras una descripción de los sucesos violentos apunta: “Nicolás felicitó a sus seguidores por valentía y coraje por enfrentar lo que él llama chantaje fascista”.

En otra nota “inforamtiva” se lee: “el régimen bolivariano parece estar dispuesto a cruzar el punto de no retorno para dejar atrás toda apariencia de democracia y darle carta blanca a la represión”.

Desde Argentina, Clarín ha tratado de equiparar al gobierno revolucionario venezolano con las dictaduras del cono sur, especialmente con la dictadura de derecha Alfredo Stroessner en Paraguay: “Stroessner puso todo bajo su bota creando un reino populista de un virtual soberano que poco a poco demolió cualquier disidencia. Lo hizo, es verdad, tomándose libertades que los modelos actuales, con iguales aspiraciones de ilimitado control como el chavismo venezolano o el kirchnerismo argentino, han debido rodear con atajos y maquillajes. El problema es con quién acaban pareciéndose”.

Lo que Clarín no dice es que esa dictadura, así como todo el resto de las dictaduras del cono sur de los 60, 70 y 80, fueron apoyadas y legitimadas por el Imperialismo Norteamericano; el principal promotor de los intentos por derrocar al gobierno democrático, bolivariano y revolucionario que desde ahce una década se ha divorciado de las políticas neoliberales y ha optado por la construcción del socialismo.

El País apostó por calificar la radicalización del proceso revolucionario bolivariano y chavista está basado en la “suspensión de las garantías constitucionales”, “violación de derechos humanos” y “persecución judicial contra líderes de la oposición”.

En casa, la matriz de la persecución política está liderada pro El Nacional y Globovisión. Estas empresas aseguran que el gobierno revolucionario amedrentará a los trabajadores y trabajadoras públicos que no votaron por Maduro. Acusaron a la gobernación del estado Vargas de grabar los cacerolazos e insinuaron que habrá una respuesta violenta en represalia.

El canal privado insistió en que hay 86 personas presas “por manifestar su opinión”: “17 estudiantes fueron liberados bajo presentación cada 15 días y prohibición de participar en concentraciones públicas. Fueron vejados con golpes y 127 jóvenes aun están detenidos”. Las razones de las detenciones no son descritas y esta falta inforamtiva se trata de encubrir con invoaciones a la libertad de expresión y manifestación. 

Los esfuerzos han sido dirigidos también ha deslegitimar a los poderes constituidos. El diputado Leomagno Flores señaló en rueda de prensa, transmitida por Globovisión, que en la Asamblea Nacional se está viviendo un “golpe constitucional, en progreso, orquestada por los poderes públicos”. 

La arremetida contra el poder legislativo ha aumentado luego de que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello declarara firmemente que el derecho de palabra de los parlamentarios deberá implicar el reconocimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado.

Cayapa / Escuela Bolivariana del Poder Popular

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