Desde principios de este mes de noviembre las protestas contra la ley de Pesca se intensificaron.
Organizaciones indígenas y sociales de Chile denuncian que el proyecto de ley de Pesca no fue consultado y que éste entregará los recursos mineros a un grupo de siete familias de empresarios, con posibilidades de herencia, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.
El corresponsal de teleSUR en Chile, Raúl Martínez informó que los indígenas y ambientalistas "denuncian que la discusión de la ley de Pesca no se consultó a los pueblos originarios", como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Chile.
Martínez señaló que según organismos indígenas y sociales, esa normativa "entregará los recursos marinos a un grupo de siete familias de empresarios" con posibilidades de ser heredados, lo que se traduciría en un dominio del sector a perpetuidad.
Este miércoles, continúa la discusión del proyecto en el Senado y de acuerdo a un convenio entre el Gobierno de Sebastián Piñera y de un grupo de senadores el debate avanzará hasta su término.
El Gobierno chileno y los senadores decidieron resolver la suerte del artículo primero del proyecto que determina que el Estado de Chile tiene derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación y conservación de los recursos hidrobiológicos, en la Zona Económica Exclusiva.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, señaló que también se debe discutir temas pendientes como la licencia de pesca: las renovables y no renovables.
Entre tanto, los parlamentarios ya votaron a favor de que el proyecto quite las facultades resolutivas al Consejo Nacional de Pesca y a cambio cree 11 comités científicos que determinen el estado de los recursos.
En materia de conservación, los parlamentarios respaldaron prohibir la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos vulnerables, incluyendo el cierre preventivo de los 118 montes submarinos que se conocen en Chile.
Aprobaron también, que los caladeros históricos de la pesca artesanal, que corresponden a áreas de mayor productividad, donde las especies desovan y se reproducen, se alternarán entre artesanales e industriales para no competir y permitir que especies como la merluza se recupere.
También fue respaldada la creación de una cuota de reserva para consumo humano.
Por otra parte, ratificaron la implementación de planes de reducción de pesca incidental y de práctica del descarte. Esta consiste en arrojar de vuelta al mar, muertas o moribundas, las especies que se capturaron involuntariamente debido a la poca selectividad de las redes.
"Desde nuestra mirada esta Ley como ha sido tramitada, deja un poco atrás o bastante atrás, lo ambiental y lo social. Prueba de ello, es que es una Ley que no ha sido consultada a los pueblos originarios" explicó Flavia Liberona, licenciada en Ciencias Biológicas y directora ejecutiva de la Fundación Terram.
El Gobierno de Piñera ha alegado que con la ley de Pesca se "asegura" la sustentabilidad de los recursos marinos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización.
En julio pasado se iniciaron las protestas en contra de este proyecto de ley, que continuaron a principios de este mes de noviembre con movilizaciones en las rutas de acceso a las ciudades de Talcahuano y Coronel, 550 kilómetros al sur de Santiago (capital).
TeleSur/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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