CPI admite que falsos positivos marcaron política de Estado en Colombia



La Corte Penal Internacional (CPI) admitió que las ejecuciones extrajudiciales, denominadas falsos positivos, son parte de una política de Estado en Colombia.
En un informe preliminar, publicado en la web, titulado "Situación en Colombia" la máxima fiscalía internacional detalló que "presuntamente, actores estatales, en particular miembros de las fuerzas armadas, han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener beneficios monetarios procedentes de fondos del Estado".
La CPI reconoció que "existe fundamento suficiente" para creer que las ejecuciones extrajudiciales "se cometieron conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas que constituye una política del Estado".
En el documento se especifica que los falsos positivos se remontan a la década de los ochenta y se subraya que su recrudecimiento ocurrió entre 2004 y 2008, período que coincide con el mandato de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, actual jefe de Estado, quien estaba a cargo del despacho de Defensa.
"De la información disponible se desprende que estos asesinatos fueron obra de miembros de las fuerzas armadas que a veces operaban conjuntamente con paramilitares y civiles en el marco de un ataque dirigido contra la población civil en diferentes partes de Colombia", detalla el texto.
En otro informe titulado "Colombia. La guerra se mide en litros de sangre", la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) subraya que "entre 1996 y 2001, se le atribuyeron a la Fuerza Pública 664 ejecuciones extrajudiciales de civiles, que corresponden a un promedio de 132 personas cada año. Esa cifra pasó a ser más del cuádruple entre 2002 y 2008 (...), es decir, más de 557 cada año".
El caso de Soacha
En 2008, a mitad del segundo mandato de Álvaro Uribe, 16 mujeres de Soacha, un municipio de Cundinamarca, minaron el gran muro de la política de "seguridad democrática". Estas mujeres denunciaron la desaparición de sus hijos entre diciembre de 2007 y agosto de ese año.
Sin ayuda de las autoridades, emprendieron la búsqueda de los jóvenes. Unos meses después los encontraron: yacían sin identificación en una fosa común en Ocaña (Departamento Norte de Santander), a 700 kilómetros de Soacha.
La mayoría había dejado su casas por una supuesta propuesta de trabajo en Santander pero todos murieron en la misma circunstancia: ejecutados por el Batallón Francisco de Paula Santander o por la Brigada Móvil 15, unidades adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional.
Todos fueron reportados como muertos en combate. Todos habían sido identificados falsamente como guerrilleros. Fueron el primer gran escándalo de ejecuciones extrajudiciales del uribismo.
AVN/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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