El Ministerio Público efectuó ayer la exhumación de los restos de María Luisa Estévez, quien fue una de los 23 combatientes guerrilleros asesinados durante la tristemente conocida como masacre de Cantaura (estado Anzoátegui) ocurrida el 4 de octubre de 1982.
Estévez era la última víctima que faltaba por exhumar dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público(MP) con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Armando Sánchez, quien para 1982 era dirigente estudiantil de la UCV y militante de Bandera Roja (BR) relató que en ese entonces el aparato militar de ese partido (que ahora se ha sumado a las filas de la oposición) era el Frente Américo Silva (FAS).
“La táctica que habíamos asumido era incrementar la operatividad militar para crear un escenario posible de asalto del poder en Venezuela, donde en ese momento no existía una democracia y se producían asesinatos y desapariciones, además de un sistemático saqueo del erario público por parte de AD y Copei”, explicó Sánchez.
Recordó que los familiares y allegados de los caídos en Cantaura tienen dos años presenciando los actos de exhumación de los cadáveres, “y en todos hemos encontrados signos evidentes de que fue una masacre. En los cuerpos hemos visto tiros de gracia en la cabeza, en la boca y en la columna. Utilizaron balas explosivas”.
Recordó cómo al comandante del FAS en Cantaura, Roberto Rincón, todos los efectivos que participaron en los hechos le dispararon “en un rito satánico que hicieron. Era un farolito y así lo declararon los propios soldados que estuvieron ahí aquel día”.
“Los muertos piden Justicia”
A juicio de Sánchez, en otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile y Uruguay se establecieron responsabilidades penales “a pesar de que la extrema derecha mantuvo sus tentáculos mucho después de finalizados los regímenes dictatoriales. En Venezuela, donde está en marcha una Revolución, debe haber justicia con los caídos durante la IV República”.
Asegura que tanto en lo que respecta a la masacre de Cantaura como en el resto de los crímenes que se cometieron entre las décadas de los 60 y los 90 del siglo pasado, las pruebas revelan que se produjeron ajusticiamientos. “Le hemos dado la vuelta al país exhumando cadáveres. Hemos estado en La Guaira, en Guayana, en El Tigre, en Maracaibo, entre otras locaciones. Los muertos se levantan pidiendo justicia. No es odio ni rencor, sino que creemos que un país con impunidad no tiene viabilidad política”.
Sánchez explicó que aunque existe impaciencia entre los familiares de las víctimas y los propios sobrevivientes de la masacre, se debe reconocer la labor que viene desempeñando el Ministerio Público.
“Hace dos años el Estado venezolano se propuso hacer justicia. Hay que reconocer que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha asumido esta lucha. Es la única que se ha atrevido a hacer algo”.
Recordó cómo las madres, esposas y demás deudos de los combatientes caídos, por años tuvieron que enfrentar a los mismos asesinos de sus familiares para lograr que se iniciara el camino de la justicia. “Durante el entierro (en una fosa común) hubo más policías que deudos. Luego tuvieron que enfrentar a los efectivos de la Disip en El Tigre para poder recuperar los cuerpos ahí enterrados”.
Al respecto agregó que para 1982 Bandera Roja tenía infiltrados a dos funcionarios encubiertos de la Disip: los hermanos Norberto y Alirio Ravanales. Ellos fueron quienes prepararon la logística que permitió la masacre de Cantaura. Añadió que ambos personajes aún continúan persiguiendo a los sobrevivientes para que desistan en su lucha porque la verdad salga a flote y se haga justicia.
Emboscada mortal
La masacre de Cantaura ocurrió el 4 de octubre de 1982 en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad contra miembros del Frente Guerrillero Américo Silva.
Aproximadamente unos 400 hombres de la Fuerza Armada Nacional y decenas de efectivos de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Digepol) atacaron, por aire y tierra, un campamento donde perecieron hombres y mujeres de entre 16 y 30 años de edad.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.
El caso se activó por solicitud de los familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.
Biografía mínima
María Luisa Estévez (Natacha) provenía de una familia pudiente del este de Caracas. Estudió arquitectura en la Universidad Simón Bolívar (USB) allí se integró al partido Bandera Roja. Posteriormente se cambió a la Universidad de Oriente (UDO) donde asumió su participación en el frente guerrillero en el estado Anzoátegui.
Bajo su responsabilidad recaía educar y formar a las unidades campesinas de la región. Tenía a su cargo un grupo importante de ciudadanas y ciudadanos a quienes les estaba enseñando a leer y escribir. Estuvo alrededor de seis meses en el frente hasta que ocurrió la masacre. Al momento de su asesinato tenía sólo 27 años.
CiudadCcs/Escuela Bolivariana del Poder Popular
@Prensa_ebpp
No hay comentarios:
Publicar un comentario