“Mi esposo regresaba del trabajo a las 8:00 pm en autobús cuando al bajarse fue interceptado por tres individuos, quienes le dispararon hiriéndolo y posteriormente lo metieron en un Chevy Nova sin placa”.
Con estas palabras, Cecilia de González Quintero reclamaba al gobierno de Carlos Andrés Pérez la desaparición de su esposo, el estudiante de Ingeniería Fernando Segundo González, a manos de un cuerpo de seguridad del Estado, publicó el periódico Qué hacer en su edición del 25 de mayo 1977.
El 25 de noviembre de 2011 fue promulgada la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas de las violaciones en el período 1958-1998.
El instrumento legal revivió la esperanza de grupos y organizaciones que reclamaban por la reapertura de más de mil casos de este tipo. El Ministerio Público (MP) abrió en 2012 una oficina para atender más de mil 600 solicitudes de revisión de juicios cerrados sobre víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en ese período.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben. En su momento, el MP detalló que existían mil 188 investigaciones sobre víctimas de asesinato. Todos ocurridos desde el gobierno de Rómulo Betancourt hasta el segundo período de Rafael Caldera, en la llamada democracia “más vieja del continente”.
Aurelia Pérez fue una de estas víctimas. Maestra, de 18 años, murió luego de que el teniente coronel José Antonio Silva ordenara abrir fuego contra una protesta frente a la Fiscalía del estado Bolívar, el 12 de junio de 1959, según datos de el libro La lucha social y la lucha armada en Venezuela, de Elia Oliveros.
La criminalización de la protesta y de los partidos de izquierda durante la Cuarta República conllevó al desarrollo de la lucha armada.
BETANCOURT: 116 ASESINATOS
A tan sólo dos años de la caída de la dictadura, el gobierno de Betancourt (período 1959-1964) registró 116 asesinatos y mil 200 heridos, producto de la represión contra manifestaciones bajo la excusa de la lucha contra el comunismo y grupos armados, refieren datos de la Fundación Américo Silva. Carlos Andrés Pérez, su ministro de Relaciones Interiores, reconoció al diario El Nacional, en 1962, reconoció que no sabía “cuántos pueden haber desaparecido como resultado de la temeridad de estos grupos (subversivos)”.
LA CONCORDIA DE LEONI
Posteriormente, con la llegada al gobierno de Raúl Leoni, conocida por la historia oficial como una etapa de concordia y entendimiento nacional, se instaló una política de desapariciones forzosas que según el periodista Raúl Zurita Daza, autor del libro Víctimas de la democracia representativa en Venezuela marcó uno “de los gobiernos más sanguinarios” padecidos por el pueblo.
En esta gestión existen registros de 93 asesinatos y 24 desaparecidos ocurridos en cuatro años, como la del profesor y dirigente del Partido Comunista, Alberto Lovera.
LA PACIFICACIÓN
Más adelante, la elección de Rafael Caldera en 1968, abriría el “proceso de pacificación” en el que se legalizarían partidos clandestinos. No obstante, en ese período Oliveros registró 32 asesinatos y dos desapariciones ejecutado por la policía, la inteligencia militar y los Teatros de Operación antiguerrilleros.
Con Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi seguirían estas políticas junto a las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, donde se hizo común la presentación de falsos positivos, en los que estudiantes, campesinos y líderes sociales fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros en combate.
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A escala continental
La práctica represiva iniciada en Venezuela bajo el velo de la democracia fue común al resto del continente. El 22 de diciembre de 1992, se descubrió en una estación de policía de Asunción (Paraguay), los llamados archivos del terror. Allí se dejó constancia del terrorismo de Estado aplicado en el Cono Sur donde se contabilizaron 50 mil muertes, 30 mil desapariciones y 400 mil presos como parte de la Operación Cóndor dirigido por la inteligencia de EEUU.
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“Es tarde para pedir justicia, lo único que se puede exigir es saber la verdad”
“¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero, ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”, Declaración de Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar argentina, del libro El dictador, de María Seoane y Vicente Muleiro.
Para la profesora en Educación, Elia Oliveros, y autora del libro La lucha social y la lucha armada en Venezuela, saber acerca de la política de terrorismo de Estado es la única forma de resarcir los daños ocasionados durante 40 años de gobiernos adecos y copeyanos.
“Es tarde para pedir justicia, lo único que se puede exigir es saber la verdad”, señala Oliveros, quien se ha dedicado a recopilar cientos de denuncias sobre desaparecidos, torturados y asesinados con base en testimonios, recortes de prensa y documentos oficiales.
Explica que el deterioro de las condiciones de vida, la protesta social y la ilegalización de partidos políticos fuera del Pacto de Punto Fijo signaron cuatro décadas de persecución política, en un marco de abierta violación a los Derechos Fundamentales.
“Cómo se resarce el dolor de una madre, un hijo, un hermano, luego de la muerte de su familiar, de la duda que generó nunca haberle dado cristiana sepultura”, se pregunta la investigadora para plantear que saber la verdad sobre los crímenes ocurridos durante los últimos 40 años de la Cuarta República es el único objetivo de su trabajo.
“Que las generaciones más jóvenes sepan que aquí lo que hubo fue un terrorismo de Estado contra la protesta civil, el pensamiento de izquierda y contra aquel que se levantara contra el Gobierno. Ese es el objetivo”, manifestó.
En estos momentos, la Defensoría del Pueblo prepara la publicación del primer tomo de un análisis de los acontecimientos que experimentó Venezuela a partir de la caída de Marcos Pérez Jiménez hasta el primer gobierno de Rafael Caldera. APR
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Fiscalía presume violación a Derechos Fundamentales
La comisión encargada de investigar los homicidios, torturas y desapariciones ocurridas en Venezuela entre 1960 y 1998 (Cuarta República) insistirá con las pesquisas en torno a casos como los de Alberto Lovera, Jorge Rodríguez, Noel Rodríguez y Víctor Soto, entre otros, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara continuar con la investigación.
Esta comisión fue creada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley contra el Silencio y el Olvido.
La Sala Constitucional del TSJ sentenció ha lugar un recurso de revisión que permitió reabrir estos casos. La solicitud fue realizada por cuatro fiscales nacionales, quienes señalaron inconsistencias en los actos conclusivos de esos procesos.
El Ministerio Público presume que se podría estar frente a un delito de vulneración de los Derechos Fundamentales perpetrados por funcionarios del Estado, informó la directora de Derechos Fundamentales del organismo, María Mercedes Berthé.
Hasta el momento se ha registrado un total de mil 600 muertos, desaparecidos y torturados durante la Cuarta República, y los fiscales han atendido 122 causas de víctimas directas e indirectas, señaló en su momento la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
El Ministerio Público indicó que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales de estos delitos.
La comisión está integrada por fiscales nacionales y regionales, además de un grupo de expertos en Ciencias Forenses.
La fiscal apuntó que ese equipo ha realizado inspecciones, allanamientos, exhumaciones y ha solicitado información en distintos cuerpos de seguridad como la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
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INVESTIGAN CANTAURA
Igualmente, el MP ya se ha referido al caso de la masacre de Cantaura, ocurrida en esa localidad de Anzoátegui el 4 de octubre de 1982, y en el que fallecieron 23 personas.
El pasado miércoles se realizó la exhumación de María Luisa Estevez, víctima de la masacre, informó la Asociación Cantaura Vive.+
Por el Caracazo ratificaron acusación por homicidio
En octubre de 2011 fue ordenado el pase a juicio del exministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro; del excomandante de la Policía Metropolitana (PM), José Rafael León; del exsegundo comandante de la PM, Luis Guillermo Fuentes, y del exjefe del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional, Freddy Ventura Maya, por estar implicados en la represión ocurrida en El Caracazo.
El Caracazo fue una insurrección popular ocurrida los días 27 y 28 de febrero de 1989 durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
Los fiscales ratificaron la acusación por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, entre otros delitos.
Como parte de estas investigaciones el equipo forense del Ministerio Público logró individualizar 71 víctimas de esta masacre, entre más de 600 denuncias recibidas por familiares de desaparecidos.
Masacre de Yumare caso de un crimen de Estado confeso
Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, el pasado 6 de mayo de 2011 fue condenado a 13 años de prisión el general retirado del Ejército, Alexis Sánchez, quien admitió su responsabilidad en la masacre de Yumare.
El general declaró ante la audiencia su participación, delató a otras 14 personas e indicó que el hecho fue preparado por organismos de seguridad del Estado.
Además fueron acusados los exfuncionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Oswaldo Ramos, Eugenio Creazzola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
La Fiscalía reforzó también la solicitud de extradición de Henry López Sisco, del expresidente Jaime Lusinchi y otros imputados.
En su momento, familiares de las víctimas dejaron claro que “no se trataba de un clamor de venganza, sino de justicia. La idea es dejar un precedente para que las próximas generaciones entiendan los crímenes que se cometían en la época”.
La masacre de Yumare ocurrió en esa localidad de Yaracuy en mayo de 1986. Ahí murieron nueve dirigentes sociales a manos de militares y efectivos de la Disip.
CiudadCcs/Escuela Bolivariana del Poder Popular
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